La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impidió este jueves la entrada al Ministerio Público de la abogada chavista que la reemplazará si es destituida, en un nuevo desafío al gobierno de Nicolás Maduro.

Katherine Haringhton llegó por sorpresa a la sede de la Fiscalía, en el centro de Caracas, pero tras esperar unos 20 minutos frente a los portones cerrados, decidió retirarse sin tomar posesión de su cargo como vicefiscal.

"Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de ingresar al MP", aseguró Ortega, quien se enfrenta a un proceso judicial que podría llevar a su destitución en los próximos días.

En un comunicado que difundió este jueves por la noche, el Ministerio Público acusó a la corte de haber usurpado funciones de Ortega y el Parlamento, de mayoría opositora, cuando aprobó la designación de Haringhton, que calificó de "inconstitucional, ilegal, (e) ilegítima".

El TSJ, acusado de servir al Gobierno, fue blanco este jueves en la ola de manifestaciones que desde hace tres meses realizan opositores —con un saldo de 91 muertos— para exigir la salida de Maduro, en medio de una devastadora crisis económica.

Pero las fuerzas de seguridad bloquearon la marcha en el este de Caracas con bombas lacrimógenas, lanzadas incluso dentro de un concurrido centro comercial. Según las autoridades, 45 personas, entre ellas 17 niños, fueron atendidas de emergencia por los efectos de los gases.

La fiscal, al igual que la oposición, acusa a policías y militares de una "desbordada represión" contra manifestantes, en cumplimiento de órdenes del gobierno de Maduro.

"Hoy tiene más sentido tomar las calles después del asalto paramilitar que hicieron al Congreso", dijo el alcalde opositor David Smolansky. La víspera, seguidores del gobierno hirieron a siete diputados al irrumpir en la sede del Parlamento, de mayoría opositora, que permaneció bajo asedio de oficialistas durante unas siete horas.

La incursión violenta, que Maduro condenó sin admitir que hayan sido seguidores suyos, fue repudiada por varios países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia y la Organización de Estados Americanos (OEA).

En plena tensión, Maduro sigue adelante con una Asamblea Constituyente que será elegida el 30 de julio. Dos semanas antes, la oposición realizará un plebiscito simbólico para demostrar, según sus dirigentes, que esa iniciativa es rechazada por la mayoría de venezolanos.

Este jueves, Maduro exigió a todos los empleados públicos —unos 2,8 millones— ir a votar "sin excusa". "Empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. ¡Vamos todos a votar por la Constituyente!", pidió el mandatario.

El año pasado, sindicatos denunciaron que más de un millar de empleados estatales fueron despedidos por firmar en respaldo a un referendo revocatorio que la oposición promovía contra el gobernante, que los tribunales bloquearon en octubre.