El Gobierno regional amenaza con retirar de Fuenlabrada a los agentes de las Bescam

  • El consejero de Presidencia dice que los policías no cumplen su cometido, la seguridad ciudadana.
  • El alcalde de la localidad dice que se trata de "una estrategia de acoso".
  • Ya se ha abierto un expediente informativo.

El consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, amenazó hoy con romper el convenio de las Bescam con el Ayuntamiento de Fuenlabrada si el centenar de agentes destinados en el municipio no se dedican a tareas de seguridad. Las bescam -Brigada Especial de Seguridad-, son un cuerpo especial pagado por el Gobierno regional.

"Tenemos incluso denuncias de urbanizaciones en las que existen problemas de seguridad, en las que se pide seguridad privada".

No obstante, el consejero, quien aseguró que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha abierto un expediente informativo por dedicar a estos agentes a la regulación del tráfico o la tramitación de documentos, mostró su confianza en que "la situación se reconduzca" para no tener que cancelar finalmente el acuerdo.

"Tenemos incluso denuncias de urbanizaciones en las que existen problemas de seguridad, en las que se pide seguridad privada. Mientras eso exista en Fuenlabrada no se pueden estar dedicando esos policías a otras cuestiones que no sean las de la seguridad", subrayó Granados tras un acto en Griñón.

Así, dijo que con el centenar de agentes, sufragados íntegramente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el alcalde tiene "el único compromiso" de dedicarlos a la seguridad. "Si no lo cumple, evidentemente tendremos que romper ese convenio", agregó, aunque aclaró que ese no es su objetivo y espera que puedan llegar a un acuerdo con el alcalde del municipio.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, aseguró hoy que la amenaza del Gobierno de Esperanza Aguirre de retirar las Bescam responde "a una estrategia de acoso que pretende desvirtuar el debate que ha de producirse mañana en el seno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM)".

Además, Robles anunció que ha pedido a la propia presidenta una reunión "urgente" para abordar esta crisis, surgida a raíz de la apertura de un expediente informativo para comprobar que estos agentes no se dedican a tareas de seguridad.

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