El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, espera que las autopistas en quiebra que revertirán al Estado puedan volver a salir al mercado, es decir, relicitarlas, a lo largo de 2018.

De la Serna, que ha participado este jueves en un encuentro informativo en Málaga, ha confiado en que el próximo año se desarrolle tanto la reversión al Estado de las vías como la elaboración de estudios de demanda, de los pliegos y la licitación de las nuevas concesiones.

Ha explicado que las autopistas están en trámites diferentes y sujetas a distintos procedimientos judiciales, pero Fomento se prepara, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), para asumir la gestión de cada una de ellas cuando se produzcan las liquidaciones.

El objetivo es relicitar las autopistas "en el menor tiempo posible" para que con los ingresos de las nuevas licitaciones se pueda compensar el importe que tiene que pagar el Estado como responsabilidad patrimonial de la administración.

En cuanto a la evaluación de dicha responsabilidad, el ministro ha pronosticado que se decidirá "con casi total seguridad en el juzgado correspondiente", por la diferencia entre lo que señala el concesionario y la administración en cada caso.

El titular de Fomento también se ha referido al plan de colaboración público-privada en materia de carreteras y ha avanzado que el modelo que diseña su departamento "no es el de pago por uso", por lo que "no es el sistema de autopista, de pago de un peaje".

En cuanto al conflicto entre el sector del taxi y el de alquiler de vehículos con conductor (VTC), ha recordado que las comunidades autónomas son las encargadas del control de estas licencias, y que el Gobierno tan solo regula el marco normativo.

Según los datos de Fomento, si se hubiera aplicado la regla 1/30 (una licencia de VTC por cada treinta de taxi), habría 2.200 autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor, y "vamos ya por 5.400 -ha subrayado- y subiendo" porque en los juzgados hay cerca de 10.000 que probablemente se traduzcan en licencias.

Ello se debe a que con anterioridad a 2009 las autorizaciones se regían por la regla 1/30, pero ese año se aprobó la Ley Ómnibus de liberalización del sector que dejó sin efecto esa proporción hasta 2013, cuando se recuperó, con un posterior desarrollo reglamentario en 2015.

Aunque las comunidades autónomas denegaban las licencias de VTC entre 2009 y 2013 y se ajustaban a la mencionada regla, los jueces están dando la razón a los solicitantes de VTC porque en ese periodo no existía base legal, ha explicado.

De la Serna ha considerado que es necesario aumentar la inspección por parte de las comunidades autónomas y también ha abogado por evitar una utilización especulativa de esas licencias.

Para ello, una de las medidas que plantea el Ejecutivo es que las licencias no puedan transmitirse durante los dos primeros años.