Escalante, Santa Cruz de Bezana y Ribamontán al Mar serán los próximos municipios cántabros en aprobar sus respectivos planes generales de ordenación urbana (PGOU), al tener "en puertas" la aprobación definitiva de sus respectivos documentos.

Así lo ha anunciado hoy el director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco González Buendía, en el encuentro que, bajo el título 'El urbanismo en Cantabria. Presente y futuro', se ha celebrado en la sede de Suances de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

González Buendía ha moderado la mesa de debate que, en torno a este asunto, se ha desarrollado con la participación del alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya; el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro; la catedrática Rosario Alonso Ibáñez, que ha colaborado en numerosas legislaciones urbanísticas y fue directora general del Estado; y Antonio Bezanilla, arquitecto municipal de Santoña y miembro de la ponencia técnica de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu).

En dicha mesa se han debatido, a nivel práctico, los contenidos del urbanismo en Cantabria, tanto desde el punto de vista de la ley actualmente vigente como de la que está en fase de anteproyecto y que está siendo analizada por los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria para ser aprobada por el Consejo de Gobierno y posteriormente remitida al Parlamento, ha explicado González Buendía.

Además, se ha expuesto la necesidad de que estos nuevos planes generales -en cuya redacción o revisión están inmersos multitud de municipios cántabros- conjuguen el desarrollo económico con la preservación.

Así, el director general de Urbanismo ha afirmado que hay "varios planes que ya están en puertas" de ser aprobados, citando los de Escalante, "muy importante por la afección de derribos"; Bezana o Ribamontán al Mar.

"Son planes que hay que analizar, y viendo las sentencias que últimamente están surgiendo en urbanismo con la nulidad de los planeamientos, como los casos de Santander, Laredo o Cabezón, hay que andar con pies de plomo", ha recomendado.

Al respecto, ha reconocido que hay urbanistas que opinan que hacer un plan general es casi "misión imposible" por la cantidad de tramitaciones que precisa y su proceso complejo, pero ha recordado que la misión de la Administración es la de "velar por la legalidad" de estos planes que se someten a su supervisión, de forma que el documento que se presente a la Crotu" pueda ser aprobado sin visos de que no sean impugnado, o al menos no anulado".

En este sentido, ha asegurado que estas "largas tramitaciones" de los planeamientos generales, que se prolongan durante años, es "algo que hay que corregir". "Todos estamos convencidos de que hay que intentar acortar los plazos, velando por las garantías", ha afirmado.

Así, ante esa "multitud" de informes sectoriales que se requieren, sería necesaria una legislación estatal de forma que un único organismo solicitara todos los informes, y que pasado un plazo determinado, hubiese un silencio positivo, ha defendido.

De hecho, González Buendía ha recordado que esa fórmula del silencio positivo "ya la proponemos en nuestra ley del suelo y lo que esperamos es que se recoja a nivel estatal".

Y es que, a su juicio, "ahora es el momento" de que se promueva esa reforma legislativa, máxime teniendo en cuenta que al frente del Ministerio de Fomento está el que fuera alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, "que ha sufrido las consecuencias de la nulidad del plan general".