La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha mantenido este miércoles por la mañana un encuentro con los sindicatos, a los que ha informado del inicio este jueves de esta tramitación administrativa que, en sus palabras, permitirá "garantizar la continuidad de los servicios de autobús y del empleo a partir del próximo mes de agosto", momento en que se "materializarán las renuncias de las empresas a las concesiones públicas de transporte de pasajeros".

Del mismo modo, ha confirmado que los nuevos contratos de transporte incluirán la cláusula de subrogación acordada con los empleados el lunes, y que "garantiza que todos los trabajadores de una línea de transporte podrán mantener el empleo con la adjudicación del servicio la una nueva empresa".

Este "blindaje" del empleo, ha dicho Vázquez, se "reforzará con garantías para la viabilidad de las concesiones asociadas" a la subrogación de los trabajadores y el "incumplimiento de estas figurará como una causa específica de resolución de los contratos".

Junto a esto, el Gobierno gallego ha propuesto a las centrales sindicales abordar "conjuntamente" un "incremento de un 25% del presupuesto previsto en los contratos para los conductores", asociado a un "aumento de la carga de trabajo" y al "refuerzo de los servicios de transporte del que se beneficiará eminentemente la población del rural".

El Gobierno gallego ha destacado su "enorme voluntad negociadora" y ha vuelto a convocar a los sindicatos y a la patronal a una reunión en la tarde de este jueves a tres bandas. El sector del transporte de pasajeros ha acogido esta información con desconcierto después de que, según han explicado, se les convocase a una reunión a tres bandas este miércoles que, finalmente, fue "desconvocada" y "aplazada" al jueves.

"ÚNICA ALTERNATIVA VIABLE"

El plan, considera la Xunta, es "la única alternativa viable y legal para que a partir de agosto continúe habiendo servicios de autobús" en ciertas zonas, como en la provincia de Ourense, en gran parte de la provincia de Lugo, y en áreas concretas de las provincias de Pontevedra y A Coruña.

"Estas zonas están afectadas por las renuncias de las empresas de transporte a seguir prestando los servicios de autobús que tenían concesionados a partir del próximo mes, poniendo en riesgo no solo el transporte público, sino también muchos puestos de trabajo", ha indicado la Administración a través de un comunicado.

El Plan de transporte público de Galicia, han asegurado, "no solo permitirá mantener esos servicios y el empleo", si no que "mejorará notablemente las posibilidades de movilidad en medio rural" al integrar las líneas de transporte escolar.