Así lo ha dado a conocer este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que ha asegurado que esta nueva norma "atenúa la paradoja del mercado inmobiliario, donde hay millones de casas vacías y la gente no tiene un hogar, lo que hace que esté orientada para que la vivienda sea un derecho y tenga utilidad social", según ha informado la Junta en una nota de prensa.

De esta manera, el tope de ingresos de una unidad familiar que puede acceder a estas viviendas queda fijado para Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen general 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y en VPO en régimen concertado será 7,5 veces.

PRIORIDADES

Asimismo, las personas mayores de 65 años, las víctimas de violencia de género o de terrorismo, familias numerosas o monoparentales con hijos, personas separadas o divorciadas al corriente de pago en pensiones alimenticias y personas dependientes o con discapacidad podrán acceder a una vivienda de protección pública si son titulares de una vivienda libre y cumplen el requisito de renta anterior.

Además, se facilita que los que ya tienen una vivienda, y por cuestiones económicas sobrevenidas no pueden hacer frente al pago de los plazos que conveniaron con la Administración regional, puedan reconvertir su préstamo en un alquiler social, y a la inversa, facilita que los que pagan un alquiler puedan optar a comprar la vivienda.

También, este decreto recoge otras medidas como la posibilidad de que estas viviendas con protección sean incorporadas a los patrimonios protegidos de personas con algún tipo de discapacidad, incluidos menores de edad, de manera que dispongan "desde este momento una vivienda adecuada a sus necesidades para el resto de su vida"; la posible cesión temporal de viviendas a entidades sin ánimo de lucro para que puedan desarrollar en ellas sus fines sociales y atender a los colectivos a los que sirven y la prioridad que tendrán en la adjudicación de vivienda las personas

que tengan necesidades perentorias y que así lo recoja el correspondiente informe social.

PLAN DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Por otra parte, Hernando ha manifestado que, con el Plan de Renovación Tecnológica, el Ejecutivo regional ha conseguido "ahorrar en un año 916.680 euros en pruebas de resonancias magnéticas y de TAC", gracias a la renovación tecnológica de los equipos que se ha llevado a cabo en el último trimestre de 2016 y en los primeros meses de 2017.

De esta manera, en los 11 equipos de Resonancia Magnética existentes en la región, en los cuatro primeros meses de año se han realizado 7.582 resonancias más que en la misma fecha de 2016, lo que significa un incremento del 48,28 por ciento más y en TAC son 3.250 pruebas más las que se han realizado respecto al mismo periodo de 2016, habiendo incrementado la actividad en un 5,76 por ciento, a la vez que se disminuye la lista de espera.

Asimismo, el portavoz ha informado de que en Castilla-La Mancha ya está aplicando la receta electrónica interoperable que permite que "los pacientes puedan moverse por todo el territorio nacional y obtener sus medicamentos prescritos en cualquier farmacia del país, independientemente del lugar en que hayan sido recetadas, asegurando así la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud".