En rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó que esta Ley es el resultado de la desvinculación del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación, lo que supone 217 millones de euros más para los recursos que atienden la sanidad, la educación y las políticas sociales, y en torno a 123 millones de euros, que son fruto de la "prudencia" con la que se elaboró el presupuesto de este año y de la mayor capacidad de gasto derivada del buen comportamiento que está teniendo la economía canaria, lo que está permitiendo que las transferencias del Estado sean superiores y también un incremento de la recaudación.

El anteproyecto de ley será remitido ahora al Consejo Consultivo y la previsión que maneja el Ejecutivo es que pueda ser aprobado en el Consejo de Gobierno del próximo lunes -con informe favorable del Consultivo- para que se envíe al Parlamento y comience su tramitación.

Salvo 40 millones de euros (11,76%), que obedecen al incremento retributivo del 1 por ciento de los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma, los 300 millones de euros restantes se van a distribuir de la siguiente manera: 155,63 millones (45,59%) a Sanidad; 95 millones (27,9%) a Políticas Sociales, y 50 millones (14,71%) a Educación.

En el caso del área de Sanidad, los 155 millones de euros irán destinados directamente a incrementar la actividad asistencial y los objetivos marcados por la Consejería.

Una tercera parte de los fondos, más de 50 millones, irán destinados a reforzar los programas de las listas de espera, con el objetivo de que a final de año se hayan reducido entre un 5 y un 10%; a satisfacer el incremento del gasto farmacéutico, y a la implementación del Plan de necesidades de centros sanitarios, como son la ejecución de obra y la adquisición de equipos sanitarios y de investigación, que van a permitir incrementar la productividad de los trabajadores de la sanidad pública.

95 MILLONES PARA POLÍTICAS SOCIALES

Con los 95 millones destinados a las Políticas Sociales se va a poner en marcha el segundo Plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias de la mano de los cabildos, que va a permitir poner en funcionamiento unas 4.000 nuevas plazas en el sistema.

También van a servir para incrementar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), a dar respuesta a la deuda de los programas de vivienda joven usada y de alquiler. Además, habrá una partida para incrementar la lucha contra la violencia de género.

Los 50 millones de Educación van a estar destinados a seguir avanzando en la puesta en marcha de la Ley Canaria de Educación; a un refuerzo de los equipos de orientación educativa para el alumnado con necesidades específicas; al inicio de las acciones del plan de prevención de la violencia infantojuvenil; a la formación docente para poder afrontar la enseñanza bilingüe; a la dotación de centros en tecnología e infraestructuras, y al desarrollo del Proyecto Enlaza de Formación Profesional.

(Habrá ampliación)