La transformación de les Glòries avanza. Este viernes, el Consell Plenari ha dado luz verde a la aprobación provisional de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) en el ámbito que hace referencia a la plaza de les Glòries. Se trata del último trámite municipal antes de elevar el nuevo proyecto a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, órgano de la Generalitat, para su aprobación definitiva. Este ha recibido los votos favorables del Gobierno municipal -BComú y PSC- C's y ERC y la abstención del GMDemócrata, PP y CUP Capgirem.

Con esta modificación se sustituye el plan vigente, formulado y aprobado en 2007 con un amplio consenso político y social, y se hace un salto en el desarrollo de este ámbito de la ciudad que permitirá desencallar aspectos clave como la construcción del parque, de las viviendas y de los equipamientos municipales.

El nuevo espacio incluye una nueva área verde de aproximadamente 12 hectáreas, con usos de ocio para los vecinos, y que integra el Rec Comtal y sus elementos arqueológicos. También apuesta por el fomento de la movilidad sostenible, prioriza los recorridos para los peatones y hace posible la conexión del tranvía y la creación de un nuevo intercambiador de transporte público.

La nueva ordenación, además, proyecta nuevas promociones de vivienda pública, limita las alturas de las nuevas edificaciones y no permite usos hoteleros en los espacios dedicados a la vivienda. Así mismo, el documento avanza en la concreción del programa de equipamientos según las previsiones, teniendo en cuenta la rehabilitación del patrimonio industrial existente.

En total, el Gobierno municipal prevé durante este mandato destinar unos 53 miliones de euros en desarrollar el proyecto. Esta dotación económica permitirá iniciar las obras del parque -en el primer trimestre de 2018- y empezar la construcción de viviendas destinadas al alquiler público a la Illa Glòries, además de otros equipamientos previstos en todo el ámbito.

El plan del nuevo gran parque urbano incorpora el anteproyecto, fruto del concurso público del año 2015, de la Canòpia Urbana. Esta propuesta mejora la continuidad del espacio verde y evita que el nuevo parque quede interrumpido por calles u otras afectaciones.

El plan determina que el espacio central del parque comprenda una superficie de 9,5 hectáreas y que se complemente con el conjunto de espacios libres de transición con los tejidos urbanos de los bordes. Esto permite lograr una superficie global de zona verde de aproximadamente 12 hectáreas.

Una vez la Generalitat haya aprobado definitivamente el nuevo plan, el Ayuntamiento terminará el proyecto ejecutivo del parque y lo sacará a licitación, con el objetivo de empezar las obras durante el primer trimestre del 2018 con una inversión inicial de 13 miliones de euros.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona también ha aprobado este viernes el convenio que el consistorio y la Conselleria de Salut de la Generalitat firmaron para integrar en el sistema de cobertura pública del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a los 8.279 usuarios cubiertos por la antigua mutua municipal Institut de Prestacions d'Asistència Mèdica al Personal Municipal (Pamem).

El convenio ha recibido el apoyo del Gobierno municipal -BComú y PSC-, ERC y el concejal no adscrito, mientras que el grupo municipal Demòcrata, Cs y PP han votado en contra y la CUP se ha abstenido, y la teniente alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha defendido que el acuerdo reforzará el sistema de salud y mejorará la atención para los usuarios del Pamem.

El Pamem es una entidad pública participada por el Ayuntamiento --con un 60%-- y la Conselleria de Salud --con un 40%-- adscrita al Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), que el consistorio creó en 1950 para ofrecer asistencia sanitaria a los funcionarios y que llegó a atender a más de 32.000 personas.

Sin embargo, el número de afiliados ha ido disminuyendo progresivamente desde que en 1993 se decidió que los nuevos trabajadores que se incorporaban al Ayuntamiento se integraran directamente a la cobertura del CatSalut, organismo creado por la Generalitat dos años antes para garantizar un acceso a la asistencia sanitaria universal y pública.

El acuerdo contempla que el consistorio asuma dos terceras partes de los 22,8 millones de deuda y aumente en 3,75 millones su aportación en las inversiones previstas en el convenio de mejora de equipamientos sanitarios de la ciudad firmado en julio de 2016, dado que el CatSalut asumirá con sus propios recursos la asistencia de los afiliados al Pamem.

Este proceso se alargará tres meses, en los que habrá un diálogo con los sindicatos y se ofrecerá acompañamiento a los afiliados, aunque trabajadores y sindicatos como UGT, CC.OO., Csif y Sapol han acudido al pleno para protestar por el cierre del Pamem, aunque Ortiz ha insistido en que "no se puede alargar un proceso agónico que va en contra de los vecinos".

La concejal del grupo municipal Demòcrata Mercè Homs ha asegurado que el Gobierno municipal ha dado la espalda a los trabajadores municipales: "No votamos en contra del cierre del Pamem, sino de la forma en la que se ha hecho", y Paco Sierra (Cs) ha asegurado que la alcaldesa, Ada Colau, maltrata a los funcionarios del Ayuntamiento.

La concejal de ERC Monsterrat Benedí ha alegado que los usuarios no han recibido suficiente información, Alberto Fernández (PP) ha criticado "la falta de rigor y de la información contable imprescindible" del Gobierno municipal, y Maria Rovira (CUP) ha pedido una auditoria externa que explique el déficit, además de más información y acompañamiento para los usuarios afectados.