Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, entre las infracciones graves detectadas, ha destacado su cierre desde el año 2014, fecha en la que el concesionario dejó de pagar el canon actual de la concesión. Estos dos hechos suponen ya de por sí una "falta grave" que motivó que se abriera un expediente de determinación de responsabilidad por incumplimiento de contrato que derivó en una sanción económica de 18.000 euros en marzo de 2015 por el cierre unilateral y sin justificación.

Vila también ha señalado que el cierre continuado de las instalaciones ha sido comprobado de forma reiterativa. Y a ello ha sumado que el concesionario impidió que comenzaran las obras para hacer las reparaciones interiores del yacimiento Casa del Obispo autorizadas por la Junta de Andalucía en enero de 2017.

"Es por mantener cerrado el yacimiento, por no abonar el canon concesional en los términos y plazos previstos, por incumplir las órdenes municipales sin causa justitificada, por la negativa a ser inspeccionado por el Ayuntamiento y en definitiva, por el abandono de la concesión, por lo que hemos iniciado el expediente de resolución de la concesión a Monumentos a la Vista", ha explicado el edil.

Asimismo, el concejal de Urbanismo ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha aprobado también la solicitud de calificación provisional de viviendas protegidas en régimen especial de alquiler en la finca ubicada en Corralón de los Carros, 48-50.

Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha anunciado la aprobación de un protocolo de actuación en los casos de síndrome de diógenes. "Como delegación hemos afrontado ya varios casos y coincidimos en la necesidad de elaborar un protocolo de actuación en el que estuvieran implicadas distintas delegaciones municipales, como Urbanismo, Limpieza, Sanidad o Policía Local, además de Asuntos Sociales".

Fernández ha resaltado la necesidad de "garantizar un tratamiento adecuado a las personas que padecen este trastorno y subsanar las deficiencias higiénico-sanitarias de la vivienda de esas personas para recuperar unas adecuadas condiciones de habitabilidad".

En el protocolo se identifican las funciones de cada una de las delegaciones implicadas, y se establece un mecanismo de coordinación con otras administraciones, como son las delegaciones de Salud y Bienestar Social o los juzgados. "Este protocolo es un documento útil y necesario para mejorar la atención a las personas que sufren este síndrome", ha sostenido la edil, que ha aportado el dato de que en los últimos seis meses se han atendido a cuatro personas, siendo éste un promedio habitual y no muy elevado en comparación con otras poblaciones.