La justicia está investigando todo lo sucedido en relación a este asunto en el marco de la 'operación Hulla', en un proceso que afecta directamente al exdirigente del PSOE y exlíder sindicalista minero José Ángel Fernández Villa.

El escrito de Podemos se refiere fundamentalmente a la tramitación urbanística que amparó e hizo posible la construcción de la residencia. Explican que las obras de construcción de la residencia geriátrica comenzaron a ejecutarse sin licencia urbanística en el mes de mayo del año 2009.

Explican que el gerente del Instituto par la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Manuel Gómez, su jefe de Infraestructuras, Manuel Gómez, el alcalde de Aller, Gabriel Pérez, y el concejal de Urbanismo entonces, David Moreno, aparecían en fotografías en la prensa visitando las obras en 2009.

"Las obras se iniciaron sin licencia y se mantuvieron en esta situación ilegal más de un año, con la connivencia del Ayuntamiento de Aller y de la Comunidad Autónoma, que eran conocedoras de los hechos y que hicieron flagrante omisión de sus competencias disciplinarias", asegura en el escrito Podemos.

Fue en 2010 cuando la Cuoga, añaden, aprobó una revisión parcial del Plan General de Ordenación de Aller que modificó la clasificación del terreno, con el objetivo de hacer posible la legalización de la obra.

"La finalidad de la revisión parcial del Plan General fue dar cobertura normativa a una obra que se estaba ejecutando sin licencia en un suelo no urbanizable en el que no se podía realizar, sin que en el acuerdo de aprobación se expliciten los motivos de interés general o público que pudieran justificar dicha legalización", señala Podemos, que añade que el acuerdo de la Cuota fue de su Comisión Permanente, órgano "manifiestamente incompetente" para tal función.

Pero el "entramado urbanístico", añaden, incluye la aprobación por parte del Ayuntamiento de Aller del plan parcial, algo que se tramitó "a velocidad de vértigo". "Este Plan Parcial contiene un pelotazo urbanístico adicional particularmente grave, pues exime al promotor de la obra de la obligación legal de ceder el 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento de Aller", advierte Podemos en su escrito.