Marta Ferrusola.
Ferrusola, en la comisión parlamentaria sobre fraude y evasión fiscal. ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

El Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga el 'caso Pujol', ha ordenado a la Agencia Tributaria la retención cautelar de la cantidad que a la mujer del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Marta Ferrusola, le ha salido a devolver en su declaración de la renta.

Según publica El Periódico, la diligencia de ordenación no especifica la cantidad a devolver este año a Ferrusola, pero establece que se retenga cautelarmente dada su condición de imputada en el 'caso Pujol'.

En la declaración aportada por su defensa en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, en el que se investigó en un principio la supuesta herencia recibida por la familia e ingresada en Andorra, constaba que por el ejercicio de 2013 la devolución que le correspondía ascendió a 2.137 euros.

En 2014, Ferrusola declaró un patrimonio de 685.099 euros, entre inmuebles, como tres en la ronda General Mitre de Barcelona, donde tiene fijada su residencia habitual, y una casa en Queralbs (Girona), acciones y depósitos, unas ganancias patrimoniales de 7.132,61 euros y unas pérdidas de 11.846, en intereses bancarios, por lo que sumó unas retenciones de 3.578 euros. Finalmente la cantidad a devolver ascendió 2.137,03 euros.

La familia Pujol atesoraba 70 millones de euros en distintas divisasEn un informe del pasado abril, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía aportado al 'caso Pujol' figuraba que el "beneficio económico no justificado" obtenido por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol fue de 473.074.154 pesetas (2,84 millones de euros), mientras que el de su esposa, Marta Ferrusola, ascendió a 70.180.000 pesetas (421.790 euros) y 261.349 euros.

Según el documento, la familia Pujol atesoraba unos 70 millones de euros en distintas divisas en las cuentas que, desde al menos 1990, gestionaba bajo "un plan preconcebido y ordenado" para ocultar sus fondos.

En su informe, los investigadores sostienen que "la familia actuaría como un grupo organizado que vendría desarrollando una actividad presuntamente ilícita y prolongada en el tiempo al menos desde 1990, dirigida a la apertura de cuentas bancarias en un territorio fiscalmente protegido, para ocultar y operar con dinero de origen desconocido y presuntamente ilícito".

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