El vuelo en helicóptero protagonizado por un policía rebelde sobre el Tribunal Supremo y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y la amenaza del presidente Nicolás Maduro de liberar la patria "con las armas" si se destruye la revolución bolivariana son las últimas muestras de la espiral de autodestrucción política en la que se hunde el país sudamericano.

Con una oposición radicalizada e instalada en la calle y un gobierno enrocado que impulsa una Asamblea Constituyente con la que burlar al Parlamento, donde se encuentra en minoría, la nación vive en una excepcionalidad democrática permanente que impide hacer frente al desabastecimiento de productos básicos y al riesgo de colapso económico.

Mientras los partidos españoles usan los más de 70 muertos reconocidos por el Ejecutivo en las 1.600 manifestaciones que han tenido lugar hasta junio como arma arrojadiza, los observadores internacionales hablan de la posibilidad de un conflicto civil. Analistas locales, en cambio, esperan que uno de los dos bandos se fracture como paso previo a una salida negociada.

Esta es la radiografía de una Venezuela que resbala sin remedio hacia el caos.

El boom del petróleo de 2004 a 2014 permitió a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro reducir la pobreza considerablemente, de cerca del 48% al 32%, y dejar la desigualdad en el 0,41 del coeficiente Gini, entre los más bajos de la región, de acuerdo a los datos del Banco Mundial.

Esos logros sociales fueron acompañados de una expansión de gasto público y de las importaciones y las nacionalizaciones, una política que, a la postre, ha debilitado la capacidad de producción interna, ha provocado un déficit fiscal de más del 20% del PIB y una inflación en los precios superior al 700% solo en el último año, según el mismo organismo.

La alianza de partidos de la oposición, conocida como Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ganó las elecciones a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 con 112 diputados, por los 55 del Gran Polo Patriótico, eje oficialista. La única derrota del chavismo en 15 años, sin embargo, no ha permitido a la Cámara legislar en contra del Ejecutivo, que ha invocado sus poderes especiales para vetar, por ejemplo, la ley de amnistía política.

"Maduro ganó las elecciones presidenciales, pero gobierna mediante ley habilitante –un mecanismo excepcional–, controla el Tribunal Supremo, tiene en contra a la fiscal general, quiere ir en julio a una Asamblea Constituyente donde los candidatos le serán afines y no ha celebrado las elecciones de alcaldes y gobernadores que estaban previstas para diciembre del año pasado", señala a 20minutos Anna Ayuso, doctora en Derecho Internacional Público e investigadora para América Latina del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB).

El líder opositor Leopoldo López, encarcelado bajo la acusación de alentar las acciones violentas, impone la línea dura y llama a los venezolanos a una "protesta permanente" que llena las calles de barricadas y manifestaciones a diario. Más de 70 personas –entre ellas, agentes de la ley y ciudadanos sin relación con las protestas– han fallecido en los choques entre  manifestantes violentos y la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militar cuya existencia garantiza la Constitución.

Amnistía Internacional denunció en el mes de abril la proliferación de las detenciones por "motivos políticos" y procesos judiciales sin garantías. Human Rights Watch alerta de la "acumulación de poder" en el ejecutivo y el "deterioro de las garantías de derechos humanos" en el país. La MUD insiste en su posición: o elecciones o lucha.

"Es momento que ustedes se pongan de pie contra la dictadura de Maduro", le dijo Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, a los militares venezolanos el pasado 9 de mayo para alentar el golpe militar contra el Gobierno, una posibilidad remota por el momento, según Anna Ayuso.

"Solo lo harían si están convencidos de ganar o en el caso de que ni el Gobierno ni la oposición cedan y se les pretenda obligar a actuar contra la población. Maduro controla a la cúpula militar, metida en el tráfico de alimentos, de petróleo [el principal valor del país] e incluso de drogas, pero no todo el ejército le es fiel. La situación es muy difícil y hay un riesgo real de enfrentamiento civil", sostiene la investigadora.

Miguel Ángel Santos, investigador de Havard y asesor del también opositor Henrique Capriles,  aseguró en un debate organizado por el Real Instituto Elcano el pasado mes de mayo que Maduro "ha cerrado todas las alternativas a la calle". Orlando Ochoa, economista como Santos y profesor de la Universidad Andrés Bello de Caracas, afirmó en el mismo foro que los sectores moderados del chavismo y del ejército pueden hacer "retroceder" al presidente y plantear una transición con una agenda electoral, pero siempre que la oposición sea "realista" y acepte, quizá, una amnistía a los chavistas. La mediación internacional, hoy, se descarta.