El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Puebla de Sanabria (Zamora) ha encausado a 16 personas por presuntamente defraudar el Ministerio de Fomento en el mantenimiento de carreteras de la zona zamorana de Sanabria-Carballeda.

En concreto, el Juzgado ha acordado la continuación de las diligencias abiertas por el presunto fraude al Ministerio de Fomento en la gestión del mantenimiento contra 16 investigados, cuatro de ellos funcionarios del Ministerio de Fomento, así como directivos, titulares y trabajadores de la empresa concesionaria de las obras de conservación de las carreteras N-525, A-52 y A-66.

De las diligencias practicadas se deduce la participación de los investigados en diversos delitos tales como prevaricación, estafa, apropiación indebida, fraude, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, y pertenencia a organización criminal, han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El Juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en el plazo de 20 días, dada la complejidad y extensión de la causa, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante el Juzgado en el plazo de tres días hábiles y/o recurso de apelación (directa o subsidiaria) ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días hábiles.

SAL DE BACALADERAS Y VENTA DE BIONDAS

Los hechos, ocurridos entre los años 2006 y 2011, habrían comprendido la facturación al Ministerio de Fomento por sal en la época de vialidad invernal, de cantidades muy superiores a las realmente adquiridas por la UTE o esparcidas en la carretera.

A su vez, se habría adquirido sal procedente de Portugal, de desecho de bacaladeras, para extenderla en las carreteras, facturándose como sal de mina o sal marina, llegándose incluso a constituir una empresa por uno de los investigados para tal fin.

Por otro lado, habrían sido retiradas diversas biondas o barreras de seguridad de las carreteras indicadas, que pertenecerían al Ministerio de Fomento, y que habría sido negociada su venta por algunos de los investigados, y finalmente adquirida por diversas chatarrerías, con perjuicio para el Ministerio.

También habrían sido realizados diversos trabajos en viviendas particulares para funcionarios y trabajadores, con cargo al Ministerio de Fomento, así como sufragado diversos gastos de los mismos como comidas, viajes, estancias en hoteles, asistencias a cursos y espectáculos públicos, compra de diversos regalos, repostajes de gasolina e incluso el alquiler de un vehículo para uso personal de uno de los investigados.

Durante la instrucción de la causa, iniciada en 2012 y declarada secreta durante casi dos años, el Juzgado llevó a cabo una labor exhaustiva en colaboración con la Fiscalía Provincial de Zamora y con la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora.

Se realizaron diligencias de investigación como entradas y registros para recabar documentación, informes periciales y de la Agencia Tributaria, además de la toma de declaración a los investigados y a más de cincuenta testigos.

La causa comprende 14 tomos principales y una pieza separada que fue transformada posteriormente en Diligencias Previas por delitos de estafa, cohecho y falsedad documental, entre otros.

En dicha pieza figura como investigado un funcionario del Ministerio de Fomento que ostenta la misma condición en el procedimiento principal.

Respecto a esta pieza separada, se dictó auto de Procedimiento Abreviado el pasado día 2 de junio contra siete investigados, han señalado las mismas fuentes.