Agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificaciones (UCRIF) de Madrid, en colaboración con la misma Unidad y el Grupo de Menores (GRUME) de la Jefatura Superior de Policía de Valencia han detenido a cinco parejas de nacionalidad rumana acusadas de obligar a 24 menores a robar en cajeros automáticos de la ciudad.

Las cinco parejas, que tienen alrededor de los 30 años, están acusadas de utilizar o inducir a los menores, cuyas edades estriban entre los 9 meses y los 17 años, a que cometieran hurtos y delitos con violencia continuados en entidades bancarias, de dónde extraían en cada ocasión entre 600 y 1.000 euros. Para cada caso, elegían a los menores "más idóneos" con el objetivo de evitar detenciones.

Según los primeros datos, los menores, que ya han sido puestos a disposición de los servicios de protección de la Comunitat, son hijos de las parejas detenidas. Al respecto, Garrido comentó que "ahora hay una ardua labor para determinar las relaciones paterno-filiales de todos ellos" aunque, de momento, dijo, "todo parece indicar que son sus padres, según la documentación aportada".

Primeras investigaciones

Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de agosto y dieron sus primeros frutos este lunes y martes en Madrid, cuando los agentes detuvieron a una mujer y a un hombre, de 29 y 32 años, y con domicilio en Valencia, como principales responsables del grupo desmantelado.

Posteriormente, el miércoles, día 14, los policías realizaron dos registros domiciliarios en la calle Reina y la calle Velázquez de Valencia, y un control en un asentamiento rumano en unas naves abandonadas ubicadas en el Puente de Astilleros, donde detuvieron a otros ocho adultos, y localizaron a los 24 menores.

A los 10 adultos se les imputan delitos relacionados con asociación ilícita; abandono de menores; explotación de su mendicidad; en algún caso, también un delito de tráfico de menores, y en otra ocasión puntual otro relacionado con la prostitución aunque, sobre este último punto, Garrido puntualizó que no se utilizó a ningún menor para ejercerla.

Junto a estos delitos, se les imputa el de inducción a los menores para la comisión de hurtos y delitos con violencia en entidades bancarias, una actividad que, según puntualizó Garrido, en los pasados meses "fue muy importante" y generó "una gran alarma social", dijo.

Cuando veían a la víctima, "utilizaban sus artimañas para las que fueron adiestrados y le sustraían el dinero de sus tarjetas de crédito". Garrido puso como ejemplo que durante los meses de julio y agosto, sólo Bancaja registró unos 150 hechos delictivos de este matiz, aunque, dijo, "no todos atribuidos a los menores localizados".