Elaborar una nueva Ley Hipotecaria, revisar el derecho de obligaciones y contratos y confeccionar el texto refundido de la Ley Concursal han sido algunos de los proyectos del Ministerio de Justicia, que ha avanzado este martes en Zaragoza el ministro Rafael Catalá, quien ha clausurado una jornada sobre 'Justicia y economía en España' en el Patio de la Infanta, organizada por CEOE, Ibercaja y el Consejo General de Economistas.

Además de servir para trasponer la normativa de la UE, la nueva Ley Hipotecaria también tendrá en cuenta las últimas sentencias judiciales, ha dicho Catalá, quien ha puntualizado que "no pretendemos en absoluto voltear nuestro sistema de financiación, de adquisición de bienes inmobiliarios, sino reforzarlo, fortalecerlo, indicando que "hay que preservar" el "gran activo" que supone el desarrollo económico inmobiliario de las clases medias y medias bajas.

Será una reforma parcial y fortalecerá las garantías al consumidor para aumentar la confianza en el sistema financiero y la seguridad jurídica preventiva, por la participación de notarios y registradores en un sistema de control de las cláusulas abusivas, en aras a asegurar la transparencia y la confianza.

Otro compromiso es la revisión del derecho de obligaciones y contratos para "adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica", en alusión al comercio online, lo que conllevará la reforma del Código Civil -en estos aspectos- "después de un trabajo minuciosísimo".

Asimismo, ha considerado Catalá en su intervención, "sería conveniente" promover un texto refundido de la Ley Concursal, ya que el vigente, aprobado en 2003, nació con la vocación de ordenar las crisis empresariales garantizando el empleo y la continuidad de las empresas "y sin embargo la crisis se ha llevado todo eso por delante" y el texto vigente se ha demostrado "insuficiente para determinadas circunstancias", lo que ha motivado la aprobación de varios Decretos Leyes.

"Lo más inmediato", ha reconocido el ministro, es "dotar de recursos adecuados" a las políticas de justicia, área que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, que se aprobarán en los próximos días, experimentan un incremento del 7,8 por ciento, lo que no se destinará a gasto corriente ni de personal, sino a inversiones, "sobre todo en sedes judiciales, en ocasiones muy necesarias" y en tecnologías para tener un sistema de gestión propio de 2017.

Ha hecho notar que la Administración de Justicia española tiene siete sistemas "incompatibles entre sí", lo que no facilita la funcionalidad, debido a que algunas comunidades que han asumido las competencias han decidido "no muy lógicamente" dotarse de herramientas propias de gestión procesal.

En su intervención, el ministro ha resaltado el escenario donde ha tenido lugar el acto, el Patio de la Infanta, en la sede central de Ibercaja, entidad que "se ha acreditado como un elemento institucional y de generación de confianza en la economía de Aragón y de toda España".

SEGURIDAD JURÍDICA

Rafael Catalá ha expresado que el binomio economía-justicia "constituye uno de los ejes de nuestro trabajo" y que estos ámbitos profesionales comparten intereses.

Ha remarcado que el impacto de la justicia sobre la actividad económica "es evidente", poniendo de relieve "la importancia de la seguridad jurídica para un país desarrollado y que quiere ser competitivo en términos económicos".

"Hoy en día todas las grandes instituciones internacionales están utilizando estos conceptos con normalidad y reclamando un marco normativo más garantista, más adecuado al modelo de desarrollo económico de un país", ha apuntado el ministro, aseverando que "es muy conveniente promover reformas legislatias que se adecuen a la realidad económica y social de España".

"Fruto de las reformas y el esfuerzo solidario del conjunto de la sociedad hemos sido capaces de revertir una situación dificilísima", ha referido Catalá, manifestando el "compromiso reformista" de cambiar el mercado laboral y el sistema financiero, así como impulsar la unidad de mercado.

Catalá ha apostado por "incorporar la reflexión económica al mundo de la justicia", siendo esta una carencia de la Administración de Justicia, insistiendo en la necesidad de regular bien, "hacer buenas leyes, dar participación a los interesados, utilizar bien el lenguaje jurídico y lograr consensos políticos para que las reformas legislativas no sean efímeras, que tengan estabilidad".

"El mundo de la justicia no es una torre de marfil alejada de la realidad social", ha continuado el ministro, quien ha abogado por estar en contacto con la realidad económica y social, y a "no perder de vista" que el Gobierno debe atender al interés general y crear las condiciones para el desarrollo económico y social de España, "y tener abiertos los oídos a las demandas sociales".

INSTITUCIONES SÓLIDAS

El presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre, ha afirmado que una economía del siglo XXI, en un contexto de globalización, "requiere de instituciones sólidas para funcionar adecuadamente" y "necesita de una justicia que haga cumplir las reglas del juego de forma equitativa", mencionado la necesidad de una supervisión de "calidad".

El secretario general de Ibercaja, Francisco Serrano, ha manifestado que "necesitamos seguridad jurídica en las instituciones", lo que exige "eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la norma, que la justicia se imparta de una forma rápida", indicando que tener capital inmovilizado por los tribunales durante mucho tiempo "no es positivo para la economía de ningún Estado".

El presidente del Colegio de Economistas de Aragón, Javier Nieto, ha elogiado la revista 'Economía aragonesa' de Ibercaja, que ha calificado de "joya".

El presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, ha estimado que la legislación y el sistema de administración de justicia "son factores cruciales para la economía y el desarrollo de cualquier país o región", ya que "favorecen la atracción de inversiones", apuntando que en España hay un "amplio margen de mejora".

Ha observado que el BOE publica 170.000 páginas anuales y 1.066 disposiciones, lo que "debería hacernos reflexionar", y Aragón publica 33.000 páginas de normativa al año, de forma que "España sufre una hiperregulación que supone cargas burocráticas excesivas y son limitadoras para la empresa".

Ha lamentado que las empresas que trabajan en el conjunto de España padecen el "sinsentido" de someterse a 17 normativas distintas, lo que en muchos casos obedece al "protagonismo y autojustificación de algunas Administraciones", aunque "algo se va avanzando".

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentín Pich, ha expuesto que uno de los factores para que un país sea próspero la justicia debe ser lo más eficiente posible. A su juicio, la economía española ha crecido rápidamente porque "hemos tenido cuatro o cinco ideas claras, entre ellas la claridad institucional".

El profesor de Econometría y doctor en Economía, Pascual Fernández, ha presentado un estudio sobre economía y justicia, que ha expuesto en el acto, donde ha defendido un sistema "eficaz y ágil" para reforzar la confianza empresarial y fortalecer la solidez de las empresas.

"El término eficiencia se debe incorporar al diccionario de términos judiciales", ha aseverado Fernández, quien se ha remitido a varios indicadores para considerar que la justicia española se aproxima a la media o la alcanza en comparación varios países del entorno, lamentando que la percepción ciudadana "es particularmente mala".

En representación de CEOE, José María Campos ha propuesto "legislar menos, legislar mejor", reducir la "excesiva burocratización", conseguir que las normas sean técnicamente buenas e impulsar la mediación extrajudicial.