El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Málaga, Gonzalo Sichar, ha pedido al equipo de gobierno del PP que "depure responsabilidades" por lo que considera la "mala gestión" del Patronato Provincial de Recaudación, sometido a investigación desde 2015 por errores en el cobro de impuestos a la Junta de Andalucía.

Así, a pesar de que el caso se haya archivado al no encontrar indicios de delito, Sichar ha incidido en que se trata de "omisiones muy graves en el cobro de créditos públicos, que han supuesto una pérdida de decenas de millones de euros".

El diputado provincial de la formación naranja ha recordado que la investigación judicial arrancó tras un informe de los propios trabajadores del Patronato que indicaba que durante los cinco años anteriores "se habían declarado incobrables expedientes recaudatorios por valor de 75 millones de euros en la llamada Zona Junta, una cantidad desproporcionada en comparación con otras circunscripciones".

De ese montante, ha relatado Sichar, 35 millones correspondían a expedientes que todavía estaban vivos y en el 60 por ciento de los casos analizados "no constaba actuación alguna de cobro por parte de los funcionarios".

Tras meses de investigaciones, "la Fiscalía no ha podido acreditar la existencia de delitos de malversación y prevaricación, pero, según ha recordado Sichar, el ministerio público sí ha observado dejación de funciones laborales en varios responsables del organismo, concretamente en la tesorera, el gerente y el jefe del Departamento Recaudatorio de la Zona Junta".

El juez, según ha apuntado el diputado de Cs, alude a una "inadecuada gestión en los expedientes que ha derivado en un perjuicio para la administración pública", y ha pedido que la Diputación y el Ministerio de Administración Pública analicen la documentación que existe "para evaluar si procede la apertura de un expediente disciplinario a las personas involucradas".

SANCIÓN POR CONTRATACIÓN EN FRAUDE DE LEY

A esto se une, según el portavoz de Cs en la institución, la advertencia de que varios nombramientos realizados hace años "podrían ser considerados prevaricaciones, aunque estarían prescritas".Además, ha informado de que la Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción de 100.000 euros al Patronato "por contratación en fraude de ley e impago de trienios".

Los sindicatos, ha precisado, han advertido además de que se esperan unas 20 demandas por despido improcedente, lo que podría suponer unos costes para el Patronato de hasta 360.000 euros, entre los salarios de tramitación y el pago a los abogados de la empresa.

"Se trata de unos costes públicos absolutamente innecesarios si la política de Recursos Humanos y contrataciones hubiera sido la adecuada", ha censurado Sichar, quien ha recalcado que la política "errática" de contrataciones "se traduce en la falta de previsión en las bolsas de trabajo, demandas por despidos improcedentes, complementos de productividad asignados de forma discrecional, empleados de varias categorías en fraude de ley, ausencia de procedimientos de promoción interna o nombramientos discrecionales".

"Ante esa batería de despropósitos es necesario depurar responsabilidades y esclarecer si esta deficiente gestión es achacable al anterior presidente, al propio gerente o a algún otro escalón de la cadena de mando", ha afirmado Sichar.

"La Diputación de Málaga no puede seguir mirando a otro lado, el equipo de gobierno no puede seguir permitiendo esta mala gestión porque perjudica a los trabajadores y a la calidad de un servicio esencial para los ayuntamientos de nuestra provincia", ha añadido.Por ello Ciudadanos ha pedido la convocatoria de una sesión del consejo rector del Patronato para que todos sus miembros puedan realizar las preguntas oportunas al anterior presidente y al gerente actual.