La diputada del PAR, Elena Allué, ha explicado en rueda de prensa que sería una casilla como las que hay ahora en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para destinar a fines sociales o a la Iglesia católica.

El objetivo es "tratar de paliar y solventar el problema de la despoblación, de los desequilibrios notables entre el territorio y las grandes urbes", así como poner solución al envejecimiento y pérdida constante de habitantes.

La parlamentaria ha subrayado que una de las principales conclusiones del II Congreso Estatal de Despoblación, celebrado la semana pasada en Huesca, indica que esta cuestión ya ha entrado en la agenda política, "pero ahora debe formar parte de la económica y de la legislativa".

Allué ha precisado que en España el 80 por ciento de la población vive en el 20 por ciento del territorio. En Aragón, "la gran mayoría vivimos en Zaragoza, pero procedemos de algún municipio, donde podemos tener una casa familiar o propia y vamos los fines de semana y los veranos".

En esa localidad, "hacemos uso de las instalaciones, las piscinas, los centros culturales y participamos de las actividades que desarrollan, pero no contribuimos al mantenimiento de los servicios".

Sin embargo, "no queremos que esas localidades desaparezcan, tampoco su escuela" y otros servicios y por eso "luchamos y reclamamos para que el que decida vivir allí lo pueda hacer con unas condiciones justas y digna, se siga asentando población y podamos seguir vertebrando el territorio".

PIONERA

La diputada del PAR ha estimado que su iniciativa es "pionera y novedosa" y ha considerado que es aplaudida "por la mayoría de alcaldes y concejales del territorio aragonés de todos los partidos políticos", para esgrimir que "tiene que ser el Estado el que ponga herramientas y medidas económicas para que la despoblación comience a resolverse", con acciones "valientes y decididas".

Ha añadido que la financiación que se recaudara con esa casilla sería gestionada por los propios municipios, porque "nadie mejor para conocer los intereses de su población".

Allué ha recordado que Aragón posee el diez por ciento del territorio nacional y el tres por ciento de la población, de la que más de la mitad vive en Zaragoza. Así, uno de cada cuatro municipios de Aragón "está en fase terminal" y solo 24 de los 731 que posee tienen más de 5.000 habitantes.

Actualmente, la densidad de población es de 92 habitantes por kilómetro cuadrado en España, cifra que baja 28 en Aragón, a 9,2 en Teruel, 12 en Huesca y a cuatro en algunas zonas de la Comunidad, como el Maestrazgo turolense y el Sobrarbe, en Huesca.

Asimismo, ha indicado que la previsión demográfica para los próximos diez años supone que España pierda 2,6 millones de habitantes, que se concentrará en el tramo de edad de 20 y 49 años. Además, el descenso de natalidad provocará que en 2023 haya un millón menos de niños menores de 10 años y se espera que la evolución poblacional entre 2013 y 2022 sea del -5,6 por ciento en el conjunto del país y del -5,7 por ciento en Aragón.

Allué ha esgrimido que esta situación "nos preocupa" y su objetivo es "urgir a que se refuercen las políticas de discriminación positiva hacia el medio rural".

FONDOS DE COMPENSACIÓN

En esta línea, la proposición no de ley también reclama al Gobierno de España revisar el Fondo de Compensación Interterritorial para corregir los desequilibrios económicos en Aragón y que, "de una vez por todas" se haga efectivo "el principio de solidaridad", teniendo en cuenta los factores de despoblación aragonesa para que esta Comunidad pueda entrar en los nuevos fondos.

Allué ha detallado que esta Comunidad fue la única de la España despoblada que no accedió a esta financiación "porque se tuvo en cuenta el PIB regional", que se descompensa por el PIB de Zaragoza. A su entender, el Ejecutivo autonómico "debería ser más duro en la exigencia al Gobierno de la nación para que en esos fondos se modifiquen".

Además, la proposición no de ley aboga por que el Gobierno de la nación se comprometa con la lucha contra la despoblación y se introduzca en los indicadores de necesidades de gasto del nuevo modelo del sistema de financiación autonómica común "un contrapeso mayor a las zonas despobladas de España" para "dar respuestas justa y real" a quienes la sufren.

La diputada también ha estimado que este asunto debe estar en la agenda política del Gobierno de España y en cuanto empiecen a negociar la revisión de fondos europeos para el próximo reparto "debe fijar entre sus prioridades el asunto de la despoblación".

BILATERAL

La diputada del PAR también se ha referido a la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado que se celebra este martes en Zaragoza, con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría.

Allué ha considerado que en ella se debe "extraer al máximo la esencia de nuestro Estatuto" y ha manifestado que una vez que se resuelva con el consenso de todos el nuevo sistema de financiación autonómica, hay que lograr un acuerdo complementario para Aragón "que supla los déficit que podamos tener del régimen común".

La diputada del PAR ha aclarado que "así lo marca el Estatuto" que contempla la suscripción entre Aragón y el Estado de un acuerdo económico financiero, una "herramienta" que no poseen otras Comunidades.

Este pacto debería redundar "en beneficios económicos y en infraestructuras" para hacer un Aragón "más fuerte y con más peso específico", que posea "mayores recursos que en la actualidad" ya que hasta ahora "siempre ha salido mal parado, gobierne quien gobierne en Madrid".