El Tribunal Supremo de EE UU ha decidido que podrán entrar en vigor algunas de las partes del veto migratorio del presidente, Donald Trump, que prohíbe la entrada en territorio estadounidense de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana. Con esta decisión, tomada por unanimidad de los nueve jueces, el Supremo ha aceptado estudiar la legalidad del veto migratorio y, hasta que no tome una decisión definitiva, ha levantado parcialmente el bloqueo que la polémica orden de Trump tenía en los tribunales.

Este dictamen, que supone una victoria parcial del presidente estadounidense, implica que el Gobierno de Trump podrá negar la entrada al país de los individuos que no tengan familiares en territorio estadounidense o que no hayan tramitado ya su ingreso para trabajar.

En concreto, en un escrito de 13 páginas, los jueces determinan que Trump podrá prohibir el ingreso de los "extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos". Por tanto, la decisión de los jueces afecta sobre todo a los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué tener ninguna relación con EEUU.

Por tanto, la decisión de los jueces permitiría que entrara en vigor una de las partes esenciales del veto migratorio: la anulación durante 120 días del programa de acogida a refugiados, quienes por definición están huyendo de sus países de origen y no tienen ninguna relación con Estados Unidos.

La otra parte esencial de la iniciativa de Trump, que seguirá parcialmente bloqueada, es la prohibición a la entrada a Estados Unidos para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia). Trump tendrá que permitir la entrada a Estados Unidos de los nacionales de estos países que tengan familiares o contratos de trabajo pendientes en territorio estadounidense.

La semana pasada, Trump afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su entrada en vigor. Estas decisiones llevaron a la Casa Blanca a recurrir ante el Tribunal Supremo el bloqueo sobre el veto migratorio.

Por el momento, el Gobierno de EE UU no ha especificado cuándo ejecutará la parte del veto autorizada y el Departamento de Seguridad Nacional se limitó a decir en un comunicado que "dará detalles adicionales sobre su implementación" después de hacer las consultas pertinentes con los departamento de Justicia y de Estado.

El Tribunal Supremo estudiará la legalidad del veto el próximo mes de octubre, ya que la decisión de admitir a trámite el caso ha sido anunciada este lunes, último día del periodo de sesiones del tribunal.

Tras conocerse el anuncio del Supremo, la Casa Blanca ha emitido un comunicado de Donald Trump en el que expresa que "la decisión unánime del Supremo es una clara victoria para nuestra seguridad nacional. Permite que la suspensión de viaje para los seis países proclives al terror y para los refugiados se haga efectiva en su mayoría". "Como presidente, no puedo permitir que entre gente en nuestro país que quiera hacernos daño. Quiero a gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que vayan a trabajar duro y ser productivos", agrega Trump en la nota.

Trump trató de imponer su veto por primera vez el 27 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva que entró en vigor de manera inmediata y sembró el caos en aeropuertos de todo el mundo.

Ese veto fue bloqueado por la Justicia y, entonces, el 6 de marzo, Trump firmó una nueva orden que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.

Esa segunda orden nunca llegó a entrar en vigor porque fue bloqueada primero por jueces en Hawai y Maryland y, luego, por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond (Virginia), y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco (California).

Estos tribunales de apelaciones, instancia inferior al Supremo, bloquearon la implementación de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que viola la Constitución de EE UU.

Frente a esos argumentos, el Gobierno ha defendido en todo momento que el veto fue proclamado dentro de la capacidad que la Constitución otorga al presidente para decidir sobre asuntos de seguridad nacional.

Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE UU y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.