Condenan a 18 meses de cárcel a la periodista Mari Cruz Soriano por construir un chalé ilegal

  • Obtuvo en el año 2011 una licencia solo para realizar obras de reforma en una vivienda rural.
  • Finalmente derribó la casa y levantó otra en una zona de suelo no urbanizable.
  • También ha sido condenado el exalcalde de El Perelló por su labor como constructor.
La periodista Mari Cruz Soriano.
La periodista Mari Cruz Soriano.
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La periodista Mari Cruz Soriano.

La Audiencia de Tarragona ha confirmado la condena a 18 meses de cárcel que impuso un juez de lo penal a la periodista Mari Cruz Soriano por derribar una casa rural para construir un chalé en suelo no urbanizable de El Perelló (Tarragona), pese a que sólo tenía autorización para una reforma.

En la sentencia, que este domingo adelanta el Diari de Tarragona, la sección segunda de la Audiencia de Tarragona confirma la condena impuesta previamente por el Juzgado de lo penal 1 de Tortosa (Tarragona), que también fijó una pena de 18 meses de cárcel para el exalcalde de El Perelló Salvador Pallarés, en este caso por su labor como constructor.

Según la sentencia, Mari Cruz Soriano, esposa del exministro socialista Alberto Belloch, solicitó en septiembre de 2009 al Ayuntamiento de El Perelló una licencia para realizar unas obras en una casa rural, permiso que acabó obteniendo en marzo de 2011, en una resolución en la que se condicionaban las obras de reforma a que se cumplieran una serie de requisitos fijados por el departamento de Cultura.

No obstante, Soriano finalmente procedió al derrumbe de la casa rural para construir un chalé, en un emplazamiento distinto de la misma parcela, en una zona no urbanizable y de especial protección por su valor forestal y paisajístico.

Por este motivo, la periodista y el exalcalde, como responsable de las empresas que llevaron a cabo las obras, fueron condenados por un juzgado penal por un delito contra la ordenación del territorio a un año y medio de cárcel, al pago de una multa de 2.880 euros y a un año de inhabilitación, en una resolución que ahora ha avalado la Audiencia de Tarragona.

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