El exconseller 'popular' de Solidaridad Rafael Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares y el empresario César Augusto Tauroni mantuvieron un concierto "evidente" para "poder organizar el entramado necesario, al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos" de cooperación internacional.

Así figura en el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 21 de València en dos piezas separadas del llamado 'Caso Cooperación' -en concreto las número 2 y 3- en las que se investiga a 21 personas por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

El auto notificado este viernes a las partes transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja el caso preparado para el juicio. En la resolución, la jueza Nieves Molina concluye que existen indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Según señala el auto, distribuido por el TSJCV y consultado por Europa Press, Rafael Blasco, Marc Llinares y César Augusto Tauroni -a quienes se califica de ""directores o jefes" de la comisión de un delito de asociación ilícita- "se concertaron, decidiendo crear una fundación, cuya constitución sería dirigida por el señor Tauroni, con las indicaciones recibidas del señor Blasco, como ha quedado reflejado en el contenido de diversas conversaciones telefónicas, como una de 2011 en la que, tras los ceses y nuevos nombramientos después de las elecciones le dice que "...va a salir todo muy bien, con más tranquilidad (...) que lo importante es resistir y mantener el tipo... que acabarás conmigo de alcalde de Nueva York".

A lo largo de la resolución se citan ejemplos de esta vinculación. Así, se dice que "prueba de la relación directa que existía entre el exconseller Blasco y Augusto Tauroni y del interés común en que este obtuviese subvenciones destinadas a la cooperación en el Tercer Mundo, con el fin de distraer parte de las mismas y beneficiarse ambos, es la presentación por parte de la entidad Amela de un proyecto a la convocatoria de subvenciones del año 2011".

"La vinculación del señor Tauroni con el señor Blasco era clara", prosigue, ya que la vicepresidenta de dicha entidad era Consuelo Ciscar

-esposa de Blasco- y se acordó nombrar como gerente a Adolfo Soler,

testaferro de Tauroni en otras empresas de su propiedad.

En otro punto, se señala como hechos indiciariamente constatados que el exconseller Blasco se concertó con Augusto César Tauroni "con la finalidad de favorecer en la concesión de subvenciones" a este "empresario conocido suyo de tiempo atrás, a cambio de que este le abonase determinadas cantidades de dinero y pese a conocer que desviaba de sus fines para lucro propio buena parte de las cantidades obtenidas" para proyectos en el Tercer Mundo.

Todo ello lo habrían realizado aprovechando que en la Conselleria disponían de "determinados cargos que iban a facilitar que los proyectos presentados o gestionados por la Fundación Entre Pueblos obtuvieran subvención", destacando especialmente la figura del que fuera jefe de área de la Dirección General de Cooperación, Marc Llinares, que a su vez mantenía una relación de amistad con Tauroni e "intentó allanar el camino" para la aprobación de sus proyectos.

Primero lo habría hecho, según explica el auto, en la fase de aprobación y después en la de control de la ejecución del proyecto y justificación del gasto, dando "todo tipo de facilidades, admitiendo facturas de dudosa legalidad o proponiendo el cambio de unas de otras". Posteriormente, recibiría del empresario "diversas cantidades de dinero en agradecimiento a los favores".

La finalidad de Tauroni era "obtener un beneficio neto de cada proyecto subvencionado de cuanto menos un 50% de la cantidad subvencionada por la administración", a veces no ejecutando los proyectos, según el auto, y otras veces realizándolos terceros ajenos a la entidad, locales que recibían "una cantidad muy inferior" a la fijada en las facturas justificativas.

El auto desgrana los proyectos subvencionados durante los años 2009, 2010 y 2011 y detalla cómo Llinares modificaba las bases de las convocatorias e incluso remitió a Tauroni vía email un documento titulado 'Instrucciones para el arreglo de convocatorias' en el que se explicaba cómo se minorizaban algunos proyectos para que subieran otros.

PAÍSES DEL MUNDO "PARA LAS VACACIONES"

En 2009 Llinares mandó un correo a Tauroni titulado 'países del mundo' en el que le decía: "Ya me dirás cuál eliges para las vacaciones de este año", contestándole Tauroni en relación a los proyectos que le habían sido aprobados y subvencionados y mostrando su no entera satisfacción.

En las convocatorias de 2010, la jueza sostiene en cuanto a los borradores de la convocatoria que "curiosamente también participó Tauroni", constando un mensaje enviado a Llinares en el que corregía varios aspectos del borrador.

"NO; NEIN; NI DE COÑA; VAMOS QUE NO"

También considera en el auto que Tauroni participó en la selección de las entidades a subvencionar, mandando un email a Llinares con una lista de entidades y en el que explicaba: "Te remito la lista blanca y negra (...) los que realmente nos interesa que no salgan están en rojo. Los en rojo son que NO; NEIN; NI DE COÑA; VAMOS QUE NO. Los que están en VERDE son la lista blanca, o sea, que sí, o sea que somos nosotros, o sea que como se equivoque lo mato".

En el caso del proyecto para la construcción del hospital en Haití, tras el terremoto de 7 grados del 12 de enero de 2010, recuerda que el 30 de agosto Blasco se desplazó a Haití, acompañado entre otros por Tauroni, y "fue en esa estancia cuando se pensó en la posibilidad de que fuese Esperanza Sin Fronteras a quien se encomendase la construcción" del hospital, concediéndose una subvención de 4 millones de euros.

Destaca que "pese a la apariencia formal de concurso público", para evitar la concurrencia de otras entidades "tan sólo se fijó en la convocatoria el plazo de un mes para concurrir a la misma, pese a la recomendación de la Abogacía de la Generalitat de que se ampliase el plazo". Calcula que Tauroni pensaba obtener un beneficio de 2 millones de euros.

El auto incorpora declaraciones de testigos, como una técnico que aseguró que "determinadas personas que formaban parte del gabinete técnico del conseller bajaban al registro de agentes de cooperación para interesarse de toda la documentación que determinadas entidades que se iban a inscribir o registrar debían aportar" y "ya se observaban determinadas preferencias por parte de la Conselleria" y otra indicó que "entendía que había un trato especial" a algunas de ellas e "imperaba la idea generalizada de que todos los proyectos de estas iban a ser aprobados".