El comité de Ferroatlántica de Cee y Dumbría ha acusado a Ferroatlántica de dar diferentes argumentos sobre la intencionalidad de la segregación a la Xunta y a sus accionistas, a los que, asegura, dijo que el objetivo es "hacer frente a las deudas y reducir la carga financiera".

En rueda de prensa este viernes, este comité ha instado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a dar una respuesta "rápida" y "de justicia" a la solicitud de segregación por parte de la empresa, a quien acusa de caer en "contradicciones" y de pretender realizar "una nueva operación especulativa" con el objetivo de amortizar deuda.

Los trabajadores han denunciado que, frente a los argumentos dados a la administración autonómica, la empresa ante los accionistas justifica la segregación de actividades para "hacer frente a las deudas y reducir la carga financiera".

En rueda de prensa, acompañados por el profesor titular de derecho administrativo de la Universidade de A Coruña, Carlos Aymerich, los trabajadores han dado a conocer las nuevas alegaciones al trámite abierto en relación con la petición de autorización administrativa para el cambio de cotitularidad y la declaración de supresión de la prohibición de las segregación de las actividades.

Previamente, Aymerich ya elaboró, a instancias del comité, un informe técnico jurídico sobre la posibilidad, consecuencias y condiciones de la transmisión del los aprovechamientos hidráulicos.

Posteriormente, la compañía de Villar Mir hizo público otro estudio elaborado por los catedráticos de derecho administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Macho que apuntaba a que la Xunta "no podría negarse" a la petición de Ferroatlántica.

Hace dos semanas, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, comunicó que en el presente mes se daría a conocer la resolución sobre la solicitud de la segregación. La empresa insiste en que la segregación es condición para poder desarrollar un plan industrial en las factorías.

OBLIGATORIEDAD DE UN NUEVO PROCESO

Sin embargo, frente a esto, los trabajadores de Cee y Dumbría han acusado a la empresa de incurrir en "contradicciones" al dar diferentes argumentos -a Xunta y accionistas- sobre la intencionalidad de la segregación.

El comité asegura que la pretensión de Ferroatlántica -así lo refleja en un informe presentado a sus accionistas, y al que ha tenido acceso el comité- es conseguir la segregación para "amortizar sus deudas y reducir su carga financiera".

"En Galicia dice una cosa y a sus accionistas otra", ha asegurado Aymerich, que dice que detrás de este proceso de segregación "hay una decisión política que tendría consecuencias jurídicas".

En este sentido asegura que, en caso de que la Xunta aprobase la segregación, la concesión "tendría que revertir a la Administración" ya que legalmente no es posible que el actual concesionario mantenga la concesión porque "desaparecería la causa" de la misma. Tendría que iniciarse un nuevo procedimiento de otorgamiento.

Además de las contradicciones de la empresa y de la obligatoriedad de abrir un nuevo proceso en caso de aprobar la segregación, los trabajadores insisten también en que no ha decaído el interés público y, ante todo, defienden el mantenimiento de las dos actividades industriales bajo una misma empresa.

DECISIÓN POLÍTICA

Pendientes de la respuesta de la Administración autonómica, los trabajadores han pedido al presidente de la Xunta que actúe "con justicia" y de una respuesta "rápida" a la solicitud de segregación por parte de la empresa.

En concreto, reclaman a la Xunta una respuesta negativa ante las intenciones de la firma del grupo Villar Mir. Entre tanto, los trabajadores ya tienen convocada una manifestación en Santiago para el día 8 de julio, además de una huelga de 24 horas.