En este sentido, fuentes del departamento que dirige María José Segarra han informado a Europa Press de que, en estos momentos, están estudiando las 393 páginas que componen la sentencia dictada por la juez Yolanda Sánchez Gucema, de manera que no han decidido aún si recurren o no la misma.

En este sentido, las mismas fuentes consultadas han indicado que la Fiscalía y el resto de acusaciones cuentan con un plazo de diez días para interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Cabe recordar que, por discrepancias en la valoración de la prueba, no cabe recurso para el Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía pidió dos años de cárcel para los diez acusados a cuenta de un presunto delito de fraude y exacciones ilegales, o de manera alternativa un delito societario que habría prescrito en el caso de Torrijos, así como que se declarase la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y de los actos derivados del mismo.

Según consideró el Ministerio Público en la vista oral, hubo una "decisión política" para adjudicar a Sanma, filial de Sando, el concurso público para la venta de los suelos, cuyo pliego presentaba "deficiencias técnicas" y estaba hecho "con mucha prisa", como si la decisión "estuviera tomada y el concurso fuera un paripé".

En la sentencia, la juez absuelve de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y societario a Torrijos; al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo, y a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante.

La juez también ha absuelto al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; al economista José Antonio Ripollés; al expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y al exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.

NI "AMAÑO" NI "CONCIERTO PREVIO"

A su juicio, en esta causa cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya en 2009 únicamente existen contra los acusados "meras sospechas", ya que no se ha acreditado ningún "amaño" ni "concierto previo" para que Sando consiguiera la adjudicación de los terrenos y tampoco ha quedado probado que hubiera un pacto entre Sando y el resto de empresas para que presentaran ofertas de "relleno".

La juez rechaza todas las cuestiones previas planteadas por las partes al inicio de la vista oral, que se prolongó durante 20 sesiones durante los pasados meses de enero, febrero y marzo, y analiza en primer lugar el caso de Torrijos, asegurando que contra él no existen siquiera "meros indicios", pues "no existe prueba alguna de que mantuviera contacto inicial con Larena 98, ni con Sando/Sanma, ni cualquier otra participación en los hechos, salvo su mera participación en las actas de la Comisión Ejecutiva como vicepresidente de Mercasevilla".

Todo ello "sin que este nombramiento conlleve sin más a ser autor, cómplice o inductor de cualquiera de los actos que las acusaciones, no todas, le atribuyen, y ello con independencia de que en sus intervenciones mostrara sus ideas políticas de preferencia a un sistema de licitación, y a su deseo de evitar especulaciones en el terreno", sostiene la juez.

SIN INDICIOS CONTRA TORRIJOS

"Su actuación se limitó a votar favorablemente los pliegos de condiciones, así como también el resultado del concurso" y además "no participó en la Mesa de Contratación ni en la baremación", argumenta la juez, que asegura que "no existe prueba, ni siquiera indiciaria, de que presionara para que se convocara un concurso en lugar de una subasta, ni que se confabulara con los restantes acusados".

Además, tampoco ha quedado demostrado que Torrijos "haya manipulado el concurso, ni que tuviera interés en que Sando/Sanma lo ganara", a lo que se suma que tampoco "existe constancia de que mantuviera contacto con representante o miembro de Sando/Sanma, porque no consta unida ningún tipo de comunicación de Torrijos con la mercantil adjudicataria".

"No consta tampoco que tuviera otra intervención en la redacción del pliego de condiciones que debía regir el concurso que su voto en las comisiones ejecutivas, sin que figure que recibiera ni enviara ni modificara borrador de ningún pliego", afirma la juez, que rechaza igualmente que el imputado diera "instrucciones precisas" a los técnicos para la confección del pliego "al exclusivo fin de adjudicar el concurso a Sanma".

Tras subrayar que Torrijos "no ha tenido participación alguna, fuera de la de ser consejero ostentando el cargo de vicepresidente segundo", la juez concluye que "no ha existido prueba directa ni indirecta a través de indicios de cualquier tipo de manipulación dirigida a favorecer a Sanma/Sando" ni se ha probado que ninguno de los acusados se beneficiara o tuviera estímulo económico por parte de Sando.