El lanzamiento ha sido ordenado por el Juzgado de Instrucción 3 de Granada en el marco de un proceso que se inició en 2016 y, que según ha detallado en una nota la Junta, fue instado por la denuncia que inició el exmarido de esta mujer, que era el adjudicatario legal de la misma.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, afirma que ha ofrecido hasta tres alternativas de alojamiento a la que considera una "ocupante ilegal" de esta vivienda situada en el número 36 de la calle Casería de Aguirre de la capital y que todas las ofertas "han sido rechazadas".

La delegada de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo, ha precisado que se le ofreció dos alojamientos provisionales en tanto quedara libre una vivienda para ella por encontrarse en riesgo de exclusión social y una ayuda de 900 euros del Ayuntamiento para gestionar un alquiler hasta disponer de vivienda para adjudicársela por el procedimiento reglamentario.

La delegada ha defendido que se solicitó un aplazamiento de la ejecución para buscar una solución a esta mujer y su hija, al tiempo que ha señalado que existen hasta siete familias inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Granada, en exclusión y en grave riesgo según los informes de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que superan en puntuación a esta mujer que reside ilegalmente en esta vivienda.

De este modo, una vez sea recuperado el inmueble, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación procederá a entregarla a la unidad familiar en situación de mayor necesidad, según la baremación reflejada en el registro municipal de vivienda, recordando que la ley "no permite la ocupación por fuerza de inmuebles" y defendiendo a los demandantes que cumplen con todos los requisitos legales y se encuentran en una situación de más necesidad.

La Junta afirma que este proceso de desalojo se inició cuando el titular de este inmueble en alquiler titularidad de AVRA, tuvo que abandonarlo temporalmente por enfermedad, circunstancia que "aprovechó su exmujer para ocuparlo ilegalmente".

El dueño la denunció dando lugar al proceso que ha culminado con la sentencia favorable al demandante y orden judicial de ejecución, que se dictó en febrero pasado, si bien no se ha ejecutado antes para poder buscar a la mujer y su hija una alternativa de alojamiento.

La Agencia de Vivienda andaluza subraya por tanto que no es la responsable de desalojo de esta familia y defiende que la mujer reside en una vivienda de alquiler, pero no paga renta alguna, entre otras cosas porque no es la titular del inmueble y porque en este tiempo de ocupación ilegal no ha mostrado ninguna disposición a hacer frente a esa renta, de modo que no existe ninguna relación contractual con la inquilina ilegal.