La Xunta ha decidido abrir expediente informativo, que puede derivar en sanciones, a las empresas de autobús por incumplimiento "flagrante" de los servicios mínimos establecidos para la huelga de este martes y miércoles, que continuará las próximas semanas, de manera indefinida, hasta que haya una solución al conflicto.

Así lo han anunciado este miércoles los conselleiros de Infraestruturas y Educación, Ethel Vázquez y Román Rodríguez, respectivamente, tras analizar conjuntamente el impacto de los paros en el área de Gobierno del Parlamento gallego -coincidiendo con la sesión de control en el pleno de la Cámara-.

Estos paros han provocado que en la primera jornada se quedasen sin transporte escolar 67.500 alumnos y en este segundo día de huelga unos 57.000, puesto que, aunque el incumplimiento de los servicios mínimos en estos servicios ha sido mayor el miércoles, muchos padres pudieron preverlo.

Así, por provincias, según los datos facilitados por la Administración autonómica, el incumplimiento de los mínimos en los trayectos escolares alcanzó el 86% en Pontevedra, dejando sin servicio a 25.649 niños; se situó en el 62% en A Coruña y afectó a 17.194 alumnos; ascendió al 92% en Ourense, con 7.146 estudiantes sin autobús y se quedó en el 70% en Lugo, lo que repercutió sobre 7.200 chicos.

EXPEDIENTE Y POSIBLE SANCIÓN

A preguntas de los periodistas, Ethel Vázquez ha explicado que el expediente se abre "directamente a las empresas", para que indiquen "por qué incumplieron" los servicios mínimos "que eran garantía" del derecho de acceso a la educación y, por tanto, de "un derecho de los niños y de las familias".

"Esperaremos a ver qué nos informan las empresas y posteriormente se procede a abrir un expediente sancionador", ha señalado. Con todo, sobre el contenido de esa sanción, ha apuntado que se dará a conocer "cuando se tenga la decisión tomada", tras analizar "los datos" que aporten las compañías.

NO HAY MARCHA ATRÁS

Cuestionada sobre si es posible que su departamento dé marcha atrás con el plan de reordenación de las líneas, al que se oponen tanto los sindicatos como la patronal por la integración del transporte escolar en líneas regulares en zonas del rural -creen que supondrá pérdida de trabajo y negocio-, Vázquez ha respondido que el documento es "la garantía del empleo" y de que haya servicios a partir de agosto.

Así, aunque ha admitido que "mejorable todo es mejorable", ha rechazado la propuesta de las federaciones Transgacar, Anetra y Fegabus (que representan a un 90% de las empresas afectadas por el nuevo plan) de seguir prestando los servicios desde agosto para elaborar un nuevo anteproyecto con más calma.

Al respecto, la conselleira ha afirmado que esas son "alternativas que se tenían encima de la mesa y que ya se analizaron" y que "no son legales ni se pueden admitir". "Son intereses propios de las federaciones", ha añadido. "Intereses empresariales y económicos. Nosotros estamos aquí para trabajar por el empleo y por los servicios", ha contrapuesto.

REPROCHES A LAS EMPRESAS

De hecho, la titular de Infraestruturas ha vuelto a centrar sus reproches en las federaciones de empresas al censurar que "no se pueden utilizar los derechos de los trabajadores" como forma de "coacción" al Gobierno.

Con esto, se ha referido al argumento que esgrimen Transgacar, Anetra y Fegabus según el cual la negociación de los convenios colectivos (por provincias) está supeditada a un nuevo plan que contemple sus reivindicaciones.

Y es que la convocatoria de huelga por parte de las centrales responde a dos puntos fundamentales: la oposición a la reordenación de las líneas al estimar que supondrá reducción de empleo y el bloqueo de la negociación colectiva.

En cuanto al futuro de los puestos de trabajo, la conselleira ha insistido este miércoles en que "no se van a perder 1.000 empleos, como se está diciendo", de unos 7.000 que, según las centrales, hay en el sector.

En este sentido, la dirigente autonómica ha subrayado que el interés es "garantizar" el volumen actual "e incluso incrementarlo", mediante un aumento "sustancial" del número de cuidadores en los trayectos escolares, para velar por esa otra premisa del plan, que "son los niños" y que vayan "de forma segura" en los autobuses.

Ethel Vázquez también ha asegurado que el documento elaborado por su consellería es "garantía del tejido empresarial gallego, adaptado a las necesidades" de la comunidad, y que pretende mejorar y "modernizar" la movilidad en el medio rural.

SI HAY NUEVA REUNIÓN, POR SEPARADO

Por último, acerca de si habrá nuevo contacto para verse con organizaciones sindicales y patronal, tras el plante del lunes derivado de la convocatoria por separado y no a tres bandas, ha indicado es que "viendo" lo ocurrido este martes y miércoles con un incumplimiento "masivo" de los servicios mínimos, este "no es el camino del diálogo", aunque ha vuelto a asegurar que las puertas de Infraestruturas están "abiertas" porque "hay que trabajar conjuntamente".

Sin embargo, ha reiterado que cree que los intereses de cada una de las partes son "distintos", y por eso ha abogado pro explicar las intenciones de la Xunta "detenidamente, de forma más ordenada y sosegada" por separado. "Los foros es mejor cuanto más pequeños, y sobre todo si los intereses son distintos", ha sentenciado.

"PERJUICIOS A MILES DE FAMILIAS"

Por su parte, el conselleiro Román Rodríguez ha lamentado que la huelga haya afectado a "miles de familias", con unos "perjuicios muy importantes de conciliación" y la "limitación" del derecho de acceso a los centros "usando un servicio complementario como es el transporte escolar".

"En una sociedad democrática todos tenemos nuestros derechos y también unos deberes. La huelga es un derecho, pero también conlleva el deber de cumplimiento de los servicios mínimos. No se puede impedir el acceso a la educación", ha aseverado el titular de Educación.