Los representantes del Gobierno regional han mantenido este martes una reunión por videoconferencia con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, a quien han trasladado esta demanda que permitiría a los agricultores obtener legalmente este recurso a pesar de no haberse construido las conducciones, ya que podrían extraerla directamente del río una vez que cuenten con sus respectivas concesiones. Asimismo, han insistido en su reclamación al Ejecutivo central para que, paralelamente, acometa de una vez la ejecución de estas canalizaciones para la definitiva puesta en servicio del embalse.

Los consejeros y la ministra han analizado la situación actual de esta infraestructura hidráulica que, como ha resaltado Rodrigo Sánchez, es una "demanda histórica" de los vecinos de la Sierra de Segura concebida específicamente "para el abastecimiento humano y para regadío en una comarca necesitada de inversiones que activen su economía".

El titular de Agricultura ha explicado que el objetivo de la construcción de esta presa era "mejorar la producción de las explotaciones agrícolas y sus expectativas económicas" a través de la introducción del regadío y actualmente se encuentra en una "situación incomprensible" porque, más de un año después de su inauguración, "esta importante infraestructura no está cumpliendo su función económica y social".

Sánchez Haro ha afirmado que la Junta de Andalucía "siempre está abierta al diálogo" y ha explicado que en la reunión con Tejerina se ha acordado que los servicios jurídicos de ambas Administraciones van a estudiar cuál es la competente en la construcción de las conducciones generales del embalse.

En este sentido, el consejero de Agricultura se ha mostrado convencido de que el Gobierno autonómico no es responsable de estas actuaciones por encontrarse en la cuenca del Guadalquivir, que es competencia exclusiva del Estado al ser intercomunitaria. Además, la presa de Siles está declarada de Interés General del Estado en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, y para Sánchez Haro "las conducciones generales y la presa son un todo", ya que se trata de unas infraestructuras necesarias para que los usuarios puedan disponer de los recursos.

"Si la presa es de Interés General, las conducciones generales también lo son", ha afirmado, recalcando que, por tanto, "las debe llevar a cabo la Administración General del Estado" para que sea posible el uso del agua embalsada y el desarrollo de las competencias autonómicas en materia agrícola.

REGADÍOS

En cuanto al papel de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez ha informado de que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se ponen a disposición de los agricultores diversas líneas de ayudas que podrían apoyar la puesta en marcha del regadío en esta zona. Por ejemplo, se ha referido a los incentivos para la creación y modernización de regadíos que se convocará próximamente en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, que también incluye otra línea para modernizar explotaciones con un presupuesto de 109 millones de euros a través de la cual se respaldan actuaciones de mejora de instalaciones de riego.

En relación a este tipo de agricultura, los representantes de la Junta han solicitado también al Ministerio que se aumente el volumen de agua destinado a regadío. El Plan Hidrológico aprobado en 2013 prevé poco más de seis hectómetros cúbicos para este fin, pero el Gobierno regional defiende el ascenso de esta cantidad hasta los 15 hectómetros cúbicos para poder ampliar la superficie regable de olivar de las 3.500 hectáreas actuales a 10.000 hectáreas.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha recalcado que ha de ser la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la que facilite el uso del recurso e impulse un proceso para la concesión de regadío a los agricultores, la constitución de comunidades de regantes y la ejecución de las obras necesarias para la regulación y canalización del recurso hídrico. No obstante, ha afirmado que en lo que se pueda contribuir desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "se hará", aunque "cada uno en el ámbito de sus competencias".

Fiscal ha sostenido que la Administración autonómica es consciente de la importancia de la agricultura de regadío en la provincia de Jaén, de los puestos de trabajo que genera y de la posición que ocupa en la economía de la zona. En su opinión la Junta, dentro de sus competencias, puede cooperar en el desarrollo de los regadíos a través de las ayudas a la modernización o de las conducciones secundarias.