El concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento estudia la posibilidad de comprar diversos inmuebles de la calle Lancaster para evitar que los inquilinos sean expulsados, aunque ha avisado de que el consistorio "no puede comprar todas las fincas" afectadas por situaciones similares.

Lo ha dicho en la Comisión municipal de Derechos Sociales, Cultura y Deporte, que ha aprobado una propuesta de ERC para instar al Gobierno municipal a impulsar "todas las acciones necesarias" para adquirir los edificios de la calle Lancaster de los números 7, 9, 11, 13 y 13 bis.

La propuesta ha contado con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC y también del grupo Demòcrata y la CUP, mientras que Cs, PP y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy se han abstenido ante la medida, promovida por ERC, ya que podría producirse una venta en bloque de estos inmuebles, según la republicana Montserrat Benedí.

Montaner ha recordado que el Ayuntamiento compró ejerciendo su derecho de tanteo y retracto una finca de la calle Leiva cuyos vecinos iban a ser expulsados, algo que hizo para "dar una lección", y ha detallado que el Ayuntamiento ha comprado 167 pisos por 14,2 millones de euros --que se suman a 3,3 de rehabilitaciones--, mientras que la Generalitat ha comprado cinco.

Ha pedido a la Generalitat más inversión en este sentido, y ha abogado por impulsar una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que proteja a los inquilinos, y por cambiar "los privilegios fiscales que están permitiendo estas compras especulativas" en la ciudad.

La concejal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, ha acusado a Benedí de tratar de hacer política con este asunto, y ha criticado que se plantee que "el Ayuntamiento pueda hacer y conseguir cosas de una forma más rápida de lo que realmente puede, porque es jugar con una situación frágil y complicada", algo que ha negado Benedí, replicando que ERC defienden los derechos ciudadanos.

El demócrata Jaume Ciurana y la popular Àngels Esteller han preguntado por la venta del Palau Moxó a un privado, y Pin ha resaltado que el anterior propietario lo ofreció al Ayuntamiento por 7,5 millones de euros en 2015 y de nuevo en 2016 por 7,3, pero no contaban con la correspondiente partida presupuestaria para adquirir este inmueble barroco, catalogado y con uso lúdico-cultural y reuniones.

La comisión también ha aprobado una propuesta del grupo Demòcrata para impulsar de nuevo el programa 'Esport Inclou', dirigido a personas con discapacidad o trastorno mental e impulsado en el mandato del exalcalde Xavier Trias, medida que ha sido aprobada por unanimidad.

También a prosperado una propuesta de la CUP para elaborar un informe sobre los criterios de contratación de los educadores del Pou de la Figuera, en Ciutat Vella, para garantizar que no se ha producido ningún caso de racismo, algo que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que ha votado en contra, y el grupo Demòcrata y Cs, que se han abstenido.

Ha aprobado una propuesta de Cs para que revisar los precios de la tarificación social de guarderías, ante lo que la teniente de alcalde Laia Ortiz ha destacado que el Gobierno de Ada Colau ya tenía previsto analizar los efectos de la nueva tarificación en septiembre y tras las matriculaciones, para revisarlos si hace falta: "Como con toda nueva implantación, estará sometida a revisión viendo el impacto".

El comisionado de Educación, Miquel Àngel Essomba, ha destacado que el Ayuntamiento está dando respuesta a las familias que han expresado inquietudes ante la nueva tarificación, y la concejal de Infancia, Juventud y Gente Mayor, la socialista Carmen Andrés, ha exigido a la Generalitat que contribuya en la financiación de las guarderías.