El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, ha reconocido que existe una "demora injustificada" en la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria que, sin embargo, "se podría arreglar sin grandes dificultades".

Así lo ha señalado este lunes en la Comisión de la Presidencia de las Cortes, donde ha comparecido para presentar la Memoria de la Institución que preside relativa al año 2016 y que fue aprobada por el Pleno del Consejo el pasado 30 de marzo.

Amilivia ha admitido esta situación -los informes que llegan al Consultivo para su depuración en ocasiones son de 2014- tras ser preguntado por el procurador socialista Luis Briones, quien ha reclamado una "mayor diligencia" por parte de la Junta a la hora de tramitar y agilizar dichos expedientes.

Por su parte, Amilivia se ha limitado a reconocer dicha demora y ha señalado que el Consultivo depura actualmente los informes sobre esta cuestión con cerca de dos años de retraso.

Este Consejo tramitó el pasado año 513 dictámenes a petición de las administraciones, en su mayoría locales, cifra que supone desde el inicio de la actividad de esta Institución, en 2002, un total de 13.871 informes, tal como se recoge en la Memoria.

De los cinco dictámenes con carácter facultativo aprobados en 2016, cuatro derivaron de consultas remitidas desde el ámbito local y una fue formulada por el presidente de la Junta de Castilla y León. La mayor parte de los informes jurídicos, 299, fue solicitada por una entidad local, 211 por la Junta y tres por universidades de la Comunidad.

El año 2016 fue el segundo ejercicio en el que las consultas de gobiernos del ámbito local superaron a las formuladas por el regional, al hilo de lo cual Mario Amilivia ha destacado, entre las recomendaciones del Consultivo, la dedicación de medios por parte de las distintas administraciones para la implementación de procesos electrónicos en las entidades locales, lo cual "facilitaría mucho" el trabajo del Consejo.

Dentro del Ejecutivo de la Comunidad, la Consejería de Sanidad fue la que más petición de dictámenes registró (94), seguida de la de Fomento y Medio Ambiente (53), Educación (17), Presidencia (15), Cultura y Turismo (siete) y Economía y Hacienda y Empleo (seis cada una).

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Por asuntos, la mayoría de los dictámenes derivaron, un año más, de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, con 359 informes de los 513 totales, lo que supone el 69,9 por ciento. Además cuatro versaron sobre anteproyectos de ley y 24 sobre reglamentos ejecutivos.

En cuanto al reparto por provincias, León es la que cuenta con mayor número de dictámenes, 87, el 17 por ciento, seguida de Burgos, 78; Valladolid, 73; Salamanca, 69; Palencia, 53; Segovia, 46; Zamora, 41; Ávila, 19, y Soria, con 16. Asimismo, se contabilizaron otros 31 dictámenes no provincializados, el 6,04 por ciento.

Las consultas remitidas por las nueve capitales de provincia generaron 138 dictámenes, cifra que supone un incremento del 30 por ciento en comparación con la correspondiente a 2015 (106). Todas excepto Soria remitieron consultas al Consejo, la mayoría de ellas relacionadas con procedimientos de responsabilidad patrimonial debido a los daños causados por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos.

El Ayuntamiento de León ocupa el primer lugar en este apartado con 30 dictámenes, seguido del de Salamanca con 28, el de Burgos con 25, el de Palencia con 21, el de Zamora 14, el de Segovia con diez y los de Ávila y Valladolid con cinco cada uno.

Precisamente el Consistorio vallisoletano ha comenzado a solicitar durante el pasado año dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, práctica que "incomprensiblemente" no se había seguido hasta ahora por la referida entidad, algo por lo que se ha felicitado Amilivia.

El presidente del Consultivo también ha puesto de manifiesto la "regularidad" con la que varios ayuntamientos han comenzado a solicitar dictámenes, como Añe (Segovia), Astudillo (Palencia), Boecillo (Valladolid), Cerezo del Río Tirón (Burgos), Covaleda (Soria), Los Barrios de Luna (León), Lastras del Pozo (Segovia), las merindades de Cuesta Urría y de Río Ubierna (Burgos), Montamarta (Zamora), Moneo (Burgos), Roales del Pan (Zamora), Sabero (León), San Justo de la Vega (León), Sena de Luna (León) o Villovieco (Palencia), circunstancia "positiva" que ha relacionado con la labor divulgativa que realiza el Consejo en sus jornadas por diversos puntos de la geografía castellanoleonesa.

En cuanto a las diputaciones provinciales, las consultas remitidas generaron sólo ocho dictámenes en 2016. Las de Soria, Palencia y Salamanca generaron dos cada una y las de Segovia y Zamora, una respectivamente.

TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

En la Memoria del Consultivo también se recoge la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL), creado en 2012 y adscrito, sin coste, al Consultivo, un organismo encargado de analizar, a solicitud de las empresas que lo deseen mediante la presentación de un recurso, si las adjudicaciones de contratos de las administraciones se han realizado conforme a la legislación vigente.

El pasado año, este Tribunal revisó 84 contratos con el servicio público de la Comunidad que tenían una cuantía de 673 millones de euros, mientras que este año ya lleva resuelto medio centenar de contratos. Estas resoluciones son ágiles al tener una media de 32 días desde su interposición y en el lustro que lleva de funcionamiento, ha logrado resolver 450 contratos por una cuantía de 3.370 millones de euros.

El pasado año de los 84 contratos revisados sólo en cinco acudieron tras la notificación de la resolución a la vía contenciosa. En el periodo 2012-2016 estimó total o parcialmente un 26 por ciento de los recursos presentados, porcentaje que se eleva al 38,5 si se excluyen los recursos que fueron inadmitidos, aquellos en los que el TARCCyL no entra en el fondo del asunto, lo que puede ser considerado, a juicio de Amilivia, como un "éxito" dada la práctica ausencia de litigiosidad contenciosa frente a las decisiones del Tribunal. Además sólo ha sido impugnado un tres por ciento de los recursos resueltos en estos años.

Amilivia valoró la "eficacia" acreditada del Tribunal ya que resuelve en un plazo de apenas un mes, tutelando la contratación del sector público, corrigiendo las patologías, advirtiendo de vicios e irregularidades, velando por la libre competencia e identificando, en su caso, la oferta económica más ventajosa.

El presidente ha significado también que ante los nuevos aspectos relativos a la ejecución de los contratos, los actos susceptibles de recurso posiblemente se verán incrementados y que previsiblemente se amplíen en la ley de contratos que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, dentro de lo cual ha destacado la posibilidad de dividir los contratos en lotes para favorecer el acceso de las pymes a este mercado, lo cual, sin embargo, ha generado dudas en la procuradora de Podemos Natalia del Barrio, quien teme que pueda servir de maniobra para favorecer la aparición de casos de corrupción.

Todos los informes jurídicos emitidos por el Consejo Consultivo y las resoluciones del Tribunal de Recursos Contractuales se pueden consultar a través de la web. De hecho el pasado año se realizaron 450.140 accesos totales a la página web de esta Institución.