La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la deuda pública de Galicia se sitúe en el 17,9% del producto interior bruto (PIB) de la comunidad en 2020, y estima que estará en el

18,7% este año, en el 18,4% el que viene y en el 18,3% el siguiente.

El Banco de España publicó la semana pasada los datos relativos a la deuda en el primer trimestre, que alcanzó el 19,8% del PIB en el caso gallego (con 11.582 millones de euros). La Xunta atribuyó esta cifra a que, a 31 de marzo, Galicia ya había ingresado los recursos procedentes del fondo de facilidad financiera (FFF) pero no había hecho amortizaciones.

Por otra parte, un informe que publica este lunes la AIReF también recoge que los gallegos necesitan trabajar 68 días para pagar la deuda de la comunidad y 304 para hacer frente a la común.

El estudio, cuya principal conclusión es que la mitad de la reducción de la deuda pública hasta 2020 se deberá a las comunidades autónomas, señala que "las principales correcciones respecto al cierre de 2016 se han producido en la Comunidad Valenciana y Andalucía, mientras que Galicia, Comunidad Foral de Navarra y, en menor medida Extremadura, destacan por su crecimiento intertrimestral".

En referencia a los mecanismos de financiación estatales, indica que el acceso a los mismos "comienza a desacelerarse" ya que desde principios de 2016 se ha evidenciado una disminución en la tasa de crecimiento del 'stock' de mecanismos de financiación para el conjunto del subsector CCAA.

Sin embargo, a nivel individual, advierte que el comportamiento es "muy heterogéneo" y existen comunidades "que han evidenciado un aumento significativo interanual en el recurso a estos instrumentos como porcentaje de la deuda, especialmente los casos de Galicia, Extremadura, Aragón y Cantabria". La comunidad gallega nunca ha acudido al fondo de liquidez autonómica (FLA), pero sí lo hace al de facilidad financiera (FFF).

INFORME

La AIReF asegura que todos las administraciones públicas contribuirán a reducir la ratio de deuda sobre el PIB en los próximos cuatro años (2017-2020), pero casi el 50% de la reducción se deberá a la evolución de las comunidades.

En concreto, estima que la deuda pública, que se situó en el 100,4% del PIB en el primer trimestre, caerá siete puntos porcentuales hasta 2020, una reducción que, según la institución, es "insuficiente" para alcanzar el valor de referencia del 60% del PIB establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por ello, en el Observatorio de Deuda Pública del primer trimestre de 2017 la AIReF prevé que hay un 70% de probabilidad de acabar con una deuda superior a este umbral del 60% en 2020 y estima que dicho porcentaje no se alcanzará hasta el año 2037, la misma previsión que hace tres meses.

Por comunidades, las mejor situadas son Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarán en 2020 un nivel cercano al valor de referencia (el 13% del PIB). Por el contrario, las comunidades que no lograrían llegar al nivel de referencia ni en los próximos 30 años son Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Solo las corporaciones locales han sido capaz de alcanzar el valor de referencia ya en 2016, cuando registraron una deuda pública del 2,9% del PIB.

En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional, se prevé que en 2017, en promedio, los habitantes de una comunidad autónoma necesitarían destinar 86 días de trabajo para pagar la totalidad de la deuda. En cambio, en País Vasco o Madrid esa cifra ronda los 50 días, mientras que en Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana llega a triplicarse.

En cuanto al pago de la deuda pública del conjunto nacional, los trabajadores de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia necesitan destinar aproximadamente un año de trabajo para pagar su parte del conjunto de la deuda pública total, mientras en que Madrid (198 días), País Vasco (205 días) y Navarra (218) se necesita trabajar en torno a 200 días.

Por último, en referencia a las corporaciones locales, la mayoría de los grandes ayuntamientos planean seguir amortizando deuda en 2017, con parte de los saldos primarios generados, como vienen haciendo desde 2012. Así, el número de ayuntamientos con una población mayor de 250.000 habitantes, con un ratio de deuda sobre ingresos corrientes consolidados superior a 110%, ha disminuido en los últimos cuatro años de cuatro a solo uno, Zaragoza.

Sin embargo, algunos ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria, y en menor medida, Barcelona, Valladolid y Zaragoza, prevén un aumento de su deuda respecto a los ingresos corrientes consolidados en 2017.