La providencia del Juzgado de Instrucción 2 de Vera, consultada por Europa Press, cita a Fernández a las 11,00 horas mientras que un cuarto de hora después deberá comparecer, también en calidad de investigado, el gerente de Cespa, A.L.S. La juez también ha citado como testigo al secretario municipal a las 11,30 horas.

La denuncia del actual equipo de gobierno, liderado por el independiente Salvador Hernández (Gicar), de la que derivó el procedimiento penal señalaba, asimismo, que Fernández habría acordado, con los miembros de la junta de gobierno local, solicitar a la Junta andaluza una subvención que recibió por importe de 73.863 para la compra, primero de contenedores soterrados, después de contenedores de carga lateral, "sin que conste expediente de contratación alguno, solo tres ofertas para suministro de contenedores con registro de entrada todas en la misma fecha, lo que infringe la Ley de Contratos del Sector Público".

En el marco de la causa, el Juzgado de Instrucción 2 reclamó, a través de sendos oficios remitidos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento carbonero para solicitar el expediente íntegro de la subvención para el desarrollo del programa de sostenibilidad ambiental urbana 'Ciudad 21'.

La denuncia apuntaba que Fernández acordó solicitar una subvención "para una finalidad imposible de cumplir" ya que no tenía competencias para la compra de los 153 contenedores y que habría "ocultado" a la Junta "esta circunstancia". Así, el Consistorio ingresó en febrero de 2008 el importe de la subvención por valor de 73.863 euros destinados a sufragar parcialmente la compra de los contenedores.

Añadía que la mercantil Cespa emitió dos facturas por importe total de 175.000 euros por este concepto "cuando al Ayuntamiento le consta que nunca se entregaron o suministraron por Cespa, que era consciente de quien era competente, sino por el Consorcio del Sector II".

Estas habrían sido emitidas entre noviembre y diciembre de 2009 "sin que conste albarán de entrega ni suministro alguno", si bien el documento rubricado hace constar que la entrega se haría efectiva "durante el año 2010 a partir de febrero según disponibilidad de la fábrica".

Señalaba en su denuncia de 128 páginas el Ayuntamiento que la emisión de estas facturas por suministro de contenedores de carga lateral "supuestamente falsas" supuso un "perjuicio muy grave" a la Hacienda Local y sugería que "podría tratarse de una trama para delinquir".

Al hilo de esto, concluía que tanto el exalcalde socialista como el representante de Cespa "tenían que ponerse de acuerdo indudablemente en la emisión de las facturas de los contenedores" que, según remarcaba, "nunca fueron suministrados", ya que ambos "tenían conocimiento fehaciente de que dichos contenedores serían suministrados por el consorcio sin coste alguno para el Ayuntamiento", por lo que apuntaba a la posible existencia de indicios de "criminalidad organizada" para la obtención de un "lucro ilícito".

La denuncia aseguraba que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación por parte de Fernández ya que era "conocedor de que el Ayuntamiento no podía adquirir dicho suministro por tenerlo delegado en una entidad supramunicipal" y de otro supuesto delito de malversación de caudales públicos "por haber consentido presuntamente que se emitieran y aceptaran las facturas para fines distintos y sin el correspondiente procedimiento, causando un grave perjuicio económico a la administración municipal que tiene la obligación de hacer frente a dichos pagos".

Destacaba, al hilo de esto, que los hechos relatados podrían encuadrarse, asimismo, en un supuesto delito de tráfico de influencias por parte de A.L.S. "por haber ordenado y colaborado presuntamente en la emisión de las facturas sin que se hubiera producido la entrega de los contenedores".

El Ayuntamiento aportó en su denuncia, entre otra documentación, la certificación por la Secretaría del Consorcio que "acredita que los contenedores suministrados e instalados en el término municipal de carboneras fueron adquiridos por el citado Consorcio por acuerdo de la junta general de fecha 18 de diciembre de 2008".