Según se informa en una nota, en un encuentro mantenido en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, los concejales de Participa e IU han relatado a Maeztu todo lo ocurrido durante el desalojo y le han trasladado su preocupación e indignación ante esta "desproporcionada e inaudita actuación policial en la que se vulneraron claramente derechos fundamentales y se impidió desarrollar su labor institucional a representantes de la Corporación hispalense elegidos democráticamente".

En esta reunión, en la que han estado presentes los ediles de Participa Susana Serrano y Julián Moreno y los de IU, Daniel González Rojas y Eva Oliva, Maeztu ha podido conocer de primera mano los "graves hechos" que se sucedieron aquel día en el Ayuntamiento hispalense, cuando cuatro concejales "fueron desalojados violentamente por las órdenes unilaterales del delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que incomprensiblemente sigue en su puesto".

Por ello, desde IU y Participa han recalcado que este "atropello democrático no tiene precedentes en la historia reciente del Ayuntamiento", y han censurado que, "con esta desmedida actuación policial, se ha traspasado una línea muy peligrosa".

Ambas formaciones han recordado, además, que, "días antes de este desalojo, también se produjeron en el Consistorio otros hechos similares, cuando profesores interinos de los conservatorios andaluces fueron igualmente expulsados de las dependencias municipales de Izquierda Unida, mientras se encontraban reunidos con ediles y trabajadores de ambos grupos políticos".

"La expulsión a empujones de concejales y extrabajadores municipales del Ayuntamiento deberían ser imágenes de otros tiempos políticos. En una democracia de primer nivel, como pretende ser la española, esto no puede ocurrir", ha lamentado la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano.

Además, Serrano ha recordado una vez más la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la "vulneración de derechos fundamentales que sufrió Participa Sevilla durante la aprobación de los presupuestos municipales de 2016 al ser vetadas sus enmiendas por parte de la edil socialista Carmen Castreño". "Este gobierno no aprende y sus prácticas anticonstitucionales parece que vuelven a repetirse", ha concluido la portavoz.

Por todo ello, Participa e IU esperan que el Defensor del Pueblo Andaluz investigue lo sucedido y "tome cartas en el asunto" en la medida de sus posibilidades y competencias. En este sentido, el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, ha señalado que ambas formaciones políticas están dispuestas a "llegar a donde que haya que llegar para que estos hechos tan graves no queden impunes y no vuelvan a repetirse en la vida municipal sevillana".

Para González Rojas, resulta "inconcebible" que haya transcurrido ya más de una semana desde el polémico desalojo y que el gobierno del socialista Juan Espadas "no sólo no ha depurado ninguna responsabilidad política, sino que encima sigue sin reconocer el error y tiene incluso la desfachatez de defender una actuación a todas luces injustificable".

De este modo, el portavoz de la federación de izquierdas ha insistido en que, después de lo ocurrido, "Cabrera no puede continuar ni un minuto más en su cargo".