El Ayuntamiento de Madrid se ha visto implicado en uno de los mayores escándalos de su historia. La Guardia Civil detuvo ayer a 16 funcionarios municipales de las Concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo, y de las Juntas de Distrito de San Blas, Centro y Chamberí. Su identidad no ha trascendido. Fueron detenidos acusados de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en el marco de la operación Guateque.

Se trata de presuntos integrantes de una trama de corrupción que al parecer llevaba más de dos años cobrando comisiones ilegales entre 6.000 y 30.000 euros por agilizar las licencias de apertura o funcionamiento de locales comerciales y retrasar el cierre de establecimientos con expediente sancionador, según explicaron fuentes de la investigación a 20 minutos. Estiman que unos 200 empresarios han pagado esas comisiones. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

Colaboración conjunta

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se apresuró a asegurar ayer que desde que un particular diera la alarma «varios meses antes», el Ayuntamiento y él mismo –interlocutor directo con el juez y la Guardia Civil– han «actuado de la mano» con el juzgado encargado de la investigación.

Además, explicó que ha facilitado el acceso a ordenadores, mesas, expedientes administrativos, números de teléfono, la relación de las consultas y las licencias otorgadas por los implicados en la trama e insistió en que no se trata de «grandes operaciones» relacionadas con recalificaciones urbanísticas ni que haya vinculación con la operación Malaya, como se dijo en un principio. Asimismo, aseguró que todos los detenidos son funcionarios que llevan muchos años trabajando en el Ayuntamiento y que no hay altos cargos ni de confianza del Consistorio.

Horas más tarde, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no suele comparecer cuando suceden hechos de este tipo, dejó entrever que no sólo había funcionarios implicados. Al parecer, abogados y arquitectos que actuaban como intermediarios están siendo investigados.

Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que se actuará «con rigor» y que «no se va a tolerar» ninguna actuación irregular en el Consistorio.

Denuncias desde 2002

La presidenta de la Asociación de Víctimas de Expropiación y Usurpaciones Patrimoniales Inmobiliarias, Andrea Luca, aseguró ayer que desde 2002 viene denunciando la supuesta trama de funcionarios de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid por cobrar comisiones para agilizar la tramitación de expedientes administrativos para la apertura de locales, con la finalidad de «favorecer a determinadas personas». En este sentido, expuso que «el modus operandi consiste en que un arquitecto solicita una licencia con un proyecto legal, pero la realidad del proyecto es otra».

«Todos sabían lo de las comisiones»

Funcionarios del área de Medio Ambiente sospechaban de las irregularidades. El ambiente en las afueras de la Concejalía de Medio Ambiente estaba ayer enrarecido. Varios hombres trajeados cuchicheaban dentro de sus coches en segunda fila. Ya dentro de la su sede, los corrillos de los trabajadores eran frecuentes.

«Estaba claro que algo se cocía aquí. Llevamos un par de años viendo movimientos extraños de altos cargos que cambiaban de un departamento a otro sin razón aparente y de gente que cambiaba de coche muy a menudo», aseguraba ayer a 20 minutos un funcionario de Medio Ambiente que no quiso revelar su identidad.

Cuenta que estos «movimientos extraños» son «bastante habituales desde hace más de diez años». Asegura, incluso, que conoce a altos cargos que se han prejubilado o que los han trasladado de consejería porque «era demasiado descarado» que esa persona se estaba «enriqueciendo» a costa de gestiones ilícitas. Va más allá: «Hace años trasladaron un departamento entero porque todo el mundo sabía que estaban cobrando comisiones por otorgar licencias».

Es más, cuenta que un familiar de él tuvo que pagarlas para poder seguir adelante con una obra. De todas formas, reconoce que «desde hace un tiempo» se ha intentado «disimular más» que hay gente que recibe dinero por acciones ilegales.

En la Concejalía de Urbanismo, en cambio, los trabajadores aseguraban que nunca han notado «nada raro», ni gente que haya pasado a tener mayor poder adquisitivo de la noche a la mañana.

Tampoco ayer notaron que sucediera algo fuera de normal, «nos enteramos por la prensa», y que si no fuera por los medios de comunicación presentes en la zona, el de ayer hubiese sido «un día como cualquier otro».

El teorema del guateque.  Juan Carlos Escudier

Hay teoremas que hubiera firmado el mismísimo Pitágoras de no haberse obsesionado con los triángulos isósceles. El más reciente, del que hemos tenido empírica constancia, dice así: la eficacia policial es directamente proporcional a la cercanía electoral. Véase si no esta curiosa operación Guateque, desarrollada  contra un grupo de funcionarios pillastres, que se ha saldado con un puñado de detenidos por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Hagamos un breve resumen de lo acontecido: un particular denuncia que unos empleados municipales llevan años forrándose el riñón con comisiones por agilizar o retrasar licencias; la Justicia, inexorable, se pone en marcha; con las elecciones a la vista, se decretan nueve registros, dando a entender que el Ayuntamiento de Madrid está podrido o es la cueva de Alí Babá; Cobo, la mano derecha de Gallardón, corre a decir que no hay implicados concejales o cargos públicos; Rubalcaba, otrora esquivo ante la prensa, se detiene amablemente en el Congreso para informar de que la operación afecta a «funcionarios y no funcionarios»; Esperanza Aguirre, siempre lenguaraz, calla. Para que la suma de los catetos al cuadrado resulte igual al cuadrado de la hipotenusa debe tenerse en cuenta otra derivada: Gallardón tiene prácticamente apalabrada con Rajoy su presencia en la lista al Congreso por Madrid. ¿Quiere alguien perjudicar al alcalde y salpicarle con el escándalo? Seguro que no.