La Xunta estudia la posibilidad de que la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio se encargue de las órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios de los bienes inmuebles a mantenerlos en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad o estéticas.

Así lo ha avanzado este jueves la titular de este departamento, Beatriz Mato, quien ha indicado que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística está analizando asumir estas funciones en los ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 habitantes, competencia que en la actualidad asumen los municipios.

De este modo, Mato ha incidido que la Lei do Solo establece que los ayuntamientos dictarán órdenes de ejecución "que obliguen a los propietarios de bienes inmuebles a mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibiles".

Asimismo, esta normativa también obliga a que las construcciones deben "presentar todos sus departamentos exteriores y cubiertas totalmente terminados".

DEMANDA DE LOS AYUNTAMIENTOS

Así las cosas, la titular de Ordenación do Territorio ha incidido en que la posibilidad de que la Xunta asuma estas funciones responde a una petición trasladada desde las autoridades locales, que, según Mato, "no tienen capacidad para asumir esta competencia".

Por ello, la asunción de esta función por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) responde a la intención de la Xunta de "incrementar" la colaboración con los municipios adheridos, así como tratar de sumar a nuevos ayuntamientos.

Así, un total de 66 municipios forman parte de esta agencia, que suman una superficie de más de 5.000 kilómetros, lo que abarca un 17% de la superficie total de Galicia en el que vive el 12% de la población total.