Las dificultades económicas pueden llevar a cualquier familia a un círculo vicioso de deudas del que ya no son capaces de salir.

Pero los problemas llegan cuando el banco ya no concede más créditos y se decide acudir a un prestamista que ofrece dinero fácil y rápido. En esos casos, hay que desconfiar.

Nadie da duros a cuatro pesetas. Y eso lo sabe bien una familia viguesa que pidió un crédito de 12.000 euros a un prestamista que se anunciaba en un periódico local y que firmó una devolución de 24.000 euros.

Esto supone, según la abogada que está llevando el caso, un préstamo que conlleva unos intereses del 100% semestral y el 200% anual, «hecho completamente prohibido por la legislación española, y en particular por la Ley de Represión de la Usura», explica Tamara Lagarón, de Príncipe Abogados.

Pero la cosa no se quedó ahí. El usurero les pidió como garantía su vivienda y, cuando a los 6 meses no pudieron hacer frente al pago de la deuda de 24.000 euros, el prestamista les propuso realizar una compra-venta de la vivienda hipotecada a favor de una colaboradora.

Según las condiciones, el matrimonio permanecería en la casa, pero tendría que pagar un alquiler mensual de 600 euros al prestamista (más los 350 de hipoteca). El círculo vicioso en el que se metieron no les permitía pagar varias mensualidades y entonces llegaron todavía más problemas.

La que figura en el registro como propietaria de la vivienda (la colaboradora del prestamista) los ha denunciado por impago de la renta, y hoy se enfrentan a un juicio para evitar que les echen de el inmueble en marzo.

Por el momento, en Vigo ya ha habido unos diez casos de este tipo, y se espera que en los próximos meses salgan a la luz muchos más.

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Todo parece legal

En la trama de esta supuesta estafa todo parece legal, según la abogada que está llevando el caso.

Prestamista, comprador de la vivienda y notario están al tanto de todos los acontecimientos y van hundiendo a los afectados poco a poco, sin que se den cuenta de que los están dejando en la calle.

Para dar la apariencia de total legalidad, incluso el comprador de la casa pide una hipoteca a la entidad bancaria: en este caso se pidieron más de 120.000 euros, aunque la familia no recibió ni un solo céntimo.

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