Andalucía abrirá su oficina anticorrupción en enero y podrá recibir denuncias anónimas

Espiral de corrupción.
Espiral de corrupción.
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Espiral de corrupción.

"Actuaremos con contundencia, para que en Andalucía los corruptos sepan que no tienen sitio". Con estas palabras ha presentado este miércoles la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, la nueva Oficina para la Prevención de la Corrupción, una de las medidas que recoge el pacto de investidura entre el PSOE-A y Ciudadanos y que empezará a funcionar a partir de enero de 2018.

El organismo se crea con la finalidad de "prevenir, investigar y detectar, así como proponer sanciones y corregir posibles prácticas fraudulentas, que afecten a los intereses generales o a la gestión de los fondos o patrimonios públicos". Para ello, la oficina podrá actuar de oficio, a petición de los grupos parlamentarios o de los propios ciudadanos, a quienes se les garantiza el anonimato.

Estos podrán ponerse en contacto bien por teléfono, por correo electrónico o de forma presencial, si bien la Junta aún no ha determinado dónde se ubicará la sede de la oficina.

Su ámbito de actuación abarcará todo el sector público andaluz, por lo que el organismo intervendrá ante cualquier posible irregularidad que implique la gestión de dinero público, contratos, concesión de licencias, permisos, subvenciones o ayudas. Sus competencias también podrán extenderse a empresas, públicas o privadas, y particulares que hayan contratado con la Junta o hayan sido beneficiarios de algún tipo de subvención, aval o crédito.

El director no podrá ser cesado

En caso de considerarlo necesario, la oficina tendrá autoridad para solicitar con carácter urgente, en el plazo de cinco días, la adopción de medidas cautelares, si entiende que hubiera riesgo "cierto e inmediato". Por su parte, el órgano afectado tendrá diez días para informar de las medidas adoptadas.

Asimismo, y dentro de su propio régimen sancionador, el Gobierno andaluz podrá interponer amonestaciones, apartar a una persona de su puesto o solicitar el reintegro de dinero en el caso de ayudas. Si detecta delitos penales, deberá notificarlo a la Justicia.

Este nuevo organismo dependerá de la Viceconsejería de Hacienda, pero solo por cuestiones "logísticas", ya que "será autónomo, estará despolitizado, tendrá plena independencia y no podrá recibir instrucciones de ninguna autoridad", ha señalado Montero. Y ha añadido: "Hay obligación de facilitar el trabajo" de la oficina, pues en caso contrario "se incurrirá en un proceso administrativo sancionador".

El director de la oficina tendrá que ser un funcionario con al menos 15 años de experiencia y "acreditada solvencia". Será elegido por un tribunal compuesto por la Intervención General de Servicios, la Intervención General y el gabinete jurídico de la Junta y no podrá ser cesado.

La oficina contará con una plantilla de 15 funcionarios, que tendrán autoridad para interrogar a testigos o sospechosos, consultar bases de datos de la Junta e instruir procedimientos sancionadores.

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