La UFP se persona como acusación popular en la denuncia contra Cosidó y los máximos responsables policiales en Baleares

  • La Unión Federal de Policía (UFP) se ha personado como acusación popular en la denuncia efectuada por un Policía Nacional, en la que denuncia al ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó; al Jefe Superior de Baleares, Antonio Jarabo; al jefe regional de Operaciones de Baleares, Cristóbal Villalonga y a dos instructores de Régimen disciplinario por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Los hechos que motivan la denuncia tuvieron lugar tres años, en los que se sanciona a un Policía Nacional con una falta grave "por aparcar su vehículo donde la ley lo permite", según informa la UFP Baleares en un comunicado.

"Ante lo inverosímil de la sanción, ésta fue recurrida ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que da la razón al Policía Nacional, retirando dicha sanción y condenando en costas a la Administración", han constatado al respecto desde la organización sindical.

Así, la UFP ha señalado que, desde un principio, "sabía que este expediente sancionador abierto contra el policía, era un despropósito que obedecía a otras cuestiones que nada tienen que ver con el verdadero sentido del régimen sancionador de la Policía Nacional".

Según esta organización sindical, "lo que se pretendía era dar cumplimiento a una petición efectuada por correo electrónico desde la Delegación del Gobierno, en la que se solicitaba que se adoptasen las medidas oportunas por parte de la Jefatura Superior, para impedir que este Policía aparcara donde la ley se lo permite, como así quedó confirmado por un escrito de la Policía Local de Palma".

Con todo, se refieren a que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares apunta a que "esta conducta ni se desarrolla en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco ocasiona descrédito de Institución Policial".

Ante ello, la Unión Federal de Policía ha recalcado que dentro de sus funciones como sindicato, "tiene la misión de velar por los intereses de sus afiliados" y han explicado que, en este caso deciden personamos como acusación popular "porque, tal y como hemos denunciado, desde la Jefatura Superior de Policía Baleares se está haciendo un uso fraudulento del régimen disciplinario".

"Vemos como conductas que no merecen reproche son sancionadas y otras que sí lo merecen no lo son; el abrir expedientes y sancionar obedece más a quien que al por qué", han señalado desde el sindicado, que ha insistido en que el régimen disciplinario de la Policía Nacional es "un instrumento con el que corregir conductas o malas praxis, pero no un arma con el que intentar doblegar la voluntad de los Policías".

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