Así lo han informado en un comunicado desde Fedetaxi, organización a la que pertenece la Confederación de la Costa del Sol, apuntando que "esta empresa, Ares Capital, es una de las mercantiles que más número de autorizaciones VTC han solicitado a las distintas comunidades autónomas y que habrían participado con más intensidad en la especulación con las mismas en un mercado secundario en el que se están multiplicando los precios de origen hasta por mil".

Desde Fedetaxi se han felicitado "por el buen funcionamiento de nuestras instituciones jurídicas y de que se acuerde investigar estos hechos a fin de dotar también de transparencia a las solicitudes de VTC efectuadas en últimos años y de trazabilidad al destino de las mismas".

Al respecto, desde la organización representativa de los taxistas de España sostienen "que el objeto de una petición para autorización de transporte debe ser ejercer la actividad del servicio público y traficar con las mismas".

Fedetaxi presentó el pasado día 9 de junio una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Especial para los Delitos Económicos en la que se solicita la investigación de hechos similares en relación con Cabify y el entramado de empresas que operan bajo dicha marca comercial.

Según el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, "a la vista de la actuación de Málaga somos optimistas sobre la extensión de esta investigación a todos aquellos que están utilizando las VTC para especular y para que algunas plataformas obtengan réditos ajenos al transporte, que perviertan el destino de cualquier autorización que se expide para prestar una actividad de servicio público de transporte y no para traficar con ellas".

En este sentido, desde la organización española se ha reclamado al Ministerio de Fomento que "de modo urgente se atajen las deficiencias existentes en régimen jurídico de la transmisión de las autorizaciones de transporte, en especial de las VTC".

Así, han asegurado que ya han presentado por escrito "una petición para que Fomento disponga las medidas precisas para incorporar a nuestra normativa disposiciones restrictivas de la especulación con autorizaciones de transporte -tales como la obligatoria explotación del servicio por el concesionario inicial, la permanencia en el mismo durante un plazo o impedir la enajenación parcial de las mismas, entre otras".