La clausura de la Asamblea General de la SEA ha dado lugar este viernes a un intercambio de mensajes entre la patronal alavesa, que ha alertado sobre los riesgos que implicaría una subida de impuestos, y la Diputación Foral, que ha confirmado que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa presentarán en septiembre una reforma fiscal para garantizar la financiación de los servicios públicos, sin que eso suponga, en ningún caso, una merma de la "competitividad" de las empresas.

La Asamblea General de SEA, a la que han asistido cerca de 300 invitados, ha sido clausurada por el presidente de la patronal alavesa, Pascal Gómez; por el diputado general de Álava, Ramiro González, y por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien ha emplazado a los empresarios a crear empleo "de calidad" y a realizar un mayor esfuerzo inversor en innovación.

En su intervención, Pascal Gómez se ha referido a la fiscalidad, en un momento en el que el Gobierno Vasco y las diputaciones forales trabajan en el diseño de una reforma del modelo tributario.

A su juicio, es necesario una fiscalidad "adecuada" para garantizar la competitividad de las empresas alavesas, entre las que hay 2.500 negocios exportadores y que venden en otros países más de la mitad de lo que produce.

Gómez se ha dirigido al diputado general de Álava para advertirle de los riesgos de que una eventual reforma fiscal pueda "mermar" la competitividad de las empresas del territorio. "No podemos mermar o lastrar la salida de nuestras empresas al exterior", ha advertido.

González, por su parte, ha reiterado el mensaje que el Ejecutivo autonómico y los gobiernos forales mantienen desde hace meses en relación a las modificaciones tributarias en las que están trabajando.

El diputado general de Álava ha confirmado que los gobiernos forales de los tres territorios vascos presentarán en septiembre una propuesta de reforma fiscal que, en todo caso, deberá recibir el visto bueno de las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Los cambios tributarios -ha reiterado- responderán al objetivo de garantizar la financiación de unos servicios públicos de "calidad" y de asegurar un marco normativo que fomente la "competitividad" de las empresas.

(Habrá ampliación)