El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha condenado a cuatro años de prisión a un acusado que cuando regentaba un bar de Tafalla grabó durante seis meses con cámaras ocultas a 326 mujeres que accedieron al baño de señoras.

En el juicio, celebrado el 16 de mayo, el hombre, natural de Colombia y de 38 años, reconoció los hechos aunque negó haber visto las imágenes. Su defensa rebatió la calificación jurídica del fiscal, quien solicitó una condena de 333 años de prisión por 98 delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y 22 delitos agravados contra la intimidad, puesto que entre las víctimas había menores de edad.

En la sentencia, que puede ser recurrida, el juez califica todos los delitos dentro del denominado "concurso ideal homogéneo", al entender que si bien se lesionó la intimidad de una pluralidad de personas, lo hizo con una sola acción.

En este caso, explica el magistrado, se produjo "una invasión genérica en la intimidad de decenas de personas, no por su identidad concreta, sino por ser usuarias de un baño en un bar".

Según apostilla el magistrado, "en el caso de que se hubiera producido un grabado selectivo de personas, con la correspondiente conservación de dichos archivos en atención concreta a su identidad, seguramente la solución alcanzada hubiera podido ser otra de consecuencias penológicas mucho más graves para el acusado al acoger la teoría del concurso real", es decir, de una pena de prisión por cada uno de los delitos.

En la sentencia se considera probado que, en fecha no determinada pero en todo caso desde el mes de agosto de 2014 hasta enero de 2015, con la intención de captar las imágenes de las clientas que accedieran al cuarto de baño de señoras, el acusado colocó varias cámaras de vídeo que las camufló en un falso enchufe para que no fueran descubiertas.

De esta forma el encausado consiguió captar y grabar a 326 mujeres, de las cuales se pudo identificar la imagen de 137 —entre ellas 22 menores de edad—. De estas, 120 interpusieron denuncia, siete declinaron hacerlo y ocho de ellas no pudieron ser identificadas con sus nombres y apellidos.

El magistrado ha impuesto al procesado las máximas penas posibles por este delito —4 años de prisión y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 euros— por "la propia gravedad de los hechos enjuiciados".

Además, el encausado deberá indemnizar a cada una de las 120 mujeres denunciantes con cantidades que oscilan entre 1.000 y 6.000 euros.