La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, ha firmado junto al juez decano de los Juzgados de Salamanca, Juan Rollán, y al decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Eduardo Íscar, el documento que permitirá esta actuación desde "el primer minuto" en el que una de las partes conozca la existencia de un nuevo caso.

Este documento, que se articula en seis cláusulas, pretende apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad con el fin de que puedan acceder a los recursos sociales que existen para paliar o disminuir los efectos de su situación.

En este sentido, y así lo ha remarcado la edil, el Ayuntamiento de Salamanca pondrá "todas las medidas que tenga a su alcance" para contribuir a la defensa del derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los salmantinos.

Como han recordado los firmantes, se trata solo del "primer paso" de una serie de actuaciones comunes encaminadas a conseguir que prevalezca siempre la dignidad de las personas, el derecho a la vivienda y la garantía de los suministros básicos.

El presente convenio recoge el compromiso de los abogados y del Juez Decano de los Juzgados de Salamanca de derivar a la Oficina Municipal de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio a las personas que puedan concurrir en situación de vulnerabilidad, como consecuencia de procedimientos judiciales de desahucio por falta de pago del alquiler o ejecuciones hipotecarias, a las que se atenderá de manera inmediata a través de personal técnico y se les informará y gestionará los servicios y recursos públicos a su alcance.

La Oficina Municipal de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, en los casos que fuera necesario, podrá mediar con las entidades financieras con el objetivo de llegar a un acuerdo con éstas y evitar así el posible lanzamiento en coordinación, por otro lado, con la Oficina Central de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta de Castilla y León. Y también podrá gestionar la Justicia Gratuita y la Defensa Judicial para los afectados.

En los casos en los que se inicie un procedimiento de ejecución hipotecaria, previa autorización de las personas afectadas, el Juzgado derivará a la Oficina Municipal de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio los datos de las mismas al objeto que esta oficina les ofrezca asesoramiento y servicios municipales previstos para este tipo de situaciones.

Además de la mediación con las distintas entidades financieras para alcanzar un acuerdo o la gestión de la Justicia Gratuita y la Defensa Judicial, en coordinación con los Centros de Acción Social, la oficina municipal promoverá el acompañamiento que la familia necesite, les asesorará sobre la búsqueda de alternativa habitacional y la tramitación de alojamiento urgente y temporal o la gestión de ayudas destinadas al acceso a una vivienda en alquiler.

Finalmente, este protocolo estará revisado por una Comisión de Seguimiento. Con carácter ordinario se reunirá una vez al año y estará compuesta por dos representantes municipales y otros dos representantes por cada una de las otras partes firmantes con el objetivo de velar por el cumplimiento de un convenio que podrá renovarse por periodos anuales desde su entrada en vigor.