El programa, que forma parte del Decreto de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, permite contrataciones por un periodo máximo de tres meses, de personas que se encuentran en situación de desempleo y que tienen especiales dificultades para integrarse en el mercado laboral.

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha visitado este martes la zona de trabajo de varias de las personas contratadas a través de este programa, en las inmediaciones del Parque Nicolás Salmerón de la ciudad de Almería y ha mantenido un encuentro los trabajadores.

Martín ha destacado que estas ayudas "permiten favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la dificultad de acceso al mercado laboral para personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo". Martín ha apuntado igualmente que este programa "refuerza el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta de Andalucía con las administraciones locales, institucionales fundamentales en el desarrollo de los servicios sociales".

"La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales está trabajando ya la nueva convocatoria del Programa de Ayuda a la Contratación, en la que esperamos contar de nuevo con la participación de los Ayuntamientos de nuestra provincia", ha añadido.

En Almería, el Programa de Ayuda a la Contratación ha contado en su última edición, la de 2016, con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros, que ha permitido a los ayuntamientos realizar entre el pasado año y este, alrededor de 1.000 contrataciones. En la ciudad de Almería, el importe total ha sido de 717.624 euros, con los que el Consistorio realizará más de 220 contratos, de una media de tres meses de duración.

El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las Corporaciones Locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social. La cuantía total del programa, 40 millones de euros,

se ha distribuido entre todos los Ayuntamientos participantes, en base a la media del número de personas registradas como demandantes de empleo en cada municipio durante el año 2015, aunque se garantiza a todos y cada uno de los Ayuntamientos un mínimo de 10.700 euros.

En la adjudicación de los contratos se da prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro; a la persona solicitante que sea víctima de violencia de género; a la unidad familiar en la que haya personas con discapacidad o en situación de dependencia; o sea familia monoparental con al menos un hijo o hija a cargo; a la unidad familiar en la que haya menores de edad; a las familias numerosas; a las personas residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social; a mujeres y a mayores de 50 años.

Estas contrataciones proporcionan a las personas beneficiarias una experiencia profesional que puede facilitar su acceso al mercado laboral,

a la vez que contribuyen a la prestación de un servicio público de interés social a través de la única herramienta verdaderamente normalizadora para una persona, como es la posibilidad de acceder a un empleo.