El Banco Popular, sexto banco español por activos, pasa por momentos delicados. Sus cuentas marcaron el año pasado unas pérdidas históricas y ni la última ampliación de capital, ni el anunciado plan de ajuste de empleo, ni el cambio en la dirección de la entidad parece que lleve a otro camino que no sea una nueva ampliación, a su enajenación a otra entidad o, incluso, a su intervención.

Estas son las preguntas que deja un problema enquistado en el tiempo y que se acerca, parece, a una resolución temprana.

La entidad no se ha curado del todo de los efectos de la crisis económica. Su constipado era más grave. Mantiene 37.000 millones en activos tóxicos del ladrillo, más que el resto de entidades. La política de bajos intereses del BCE, que estrecha los márgenes, tampoco le ayudó a aplacar la fiebre.

El año pasado presentó 3.485 millones de pérdidas ocasionadas por la devolución de cláusulas suelo y, principalmente, por los 5.692 millones provisionados para reforzar su balance y acercar su cobertura de morosidad del 38%, al 51% en el que se manejan el resto de entidades cotizadas.

"La situación del Popular no es ninguna sorpresa, era la entidad peor parada en nuestros estudios de 2012, pero se decidió tirar adelante y ocultar el agujero", recuerda a 20minutos Javier Flores, director de análisis en Asinver, sobre la situación de un banco que, según él, "es un zombi que sigue caminando, pero no vive".

Ni la dotación de provisiones, ni la ampliación de capital de 2016 —la segunda en cuatro años— ni la recuperación del país han revivido a la entidad. Y la sangría continúa: en el primer trimestre pierde otros 137 millones.

El mercado, valorando todo lo anterior, castiga duramente al Popular en la última semana. Sus acciones han perdido un 48% en cinco sesiones y hasta un 77% en el último año. Su capitalización bursátil en estos momentos es inferior a 1.500 millones de euros; o lo que es lo mismo, el banco vale incluso menos que los 2.500 millones que se inyectaron en la última ampliación.

"El Popular está abocado a una nueva ampliación de capital", dijo su presidente Emilio Saracho en una comunicación a la CNMV realizada en abril. Sería la tercera en un lustro. Pero no es la única solución. De hecho, quizás es ahora la menos probable.

"Hay una desconfianza brutal de los inversores", explica Flores sobre esta nueva inyección que, según calculan fuentes del mercado, debería ascender a 3.000 millones. Los inversores desconfían de seguir metiendo dinero en la entidad. Y uno de los motivos de esta desconfianza es que nadie apuesta con que el banco valga lo que dice la acción. "Nadie mete dinero si desconoce el valor de lo que compra", según este analista.

La segunda opción es la venta a otra entidad. El precio es atractivo porque los títulos cerraron este lunes a 0,34 euros —un nuevo mínimo histórico tras una caída del 18%— y ese valor en inferior al nominal (0,50€). "La independencia es un valor hasta que es una carga", llegó a decir en abril Saracho, abriendo así la puerta a una venta que tampoco sería mal vista por Bruselas, por el FMI o por el Banco de España, que insisten en sus últimos informes en la necesidad de fusionar entidades en España.

Santander, BBVA y Bankia se perfilan como posibles compradores, pero el hecho de que el Popular haya ampliado el plazo para presentar ofertas (se extendió desde el 10 de junio hasta finales de mes) sugiere dudas en los interesados sobre el estado real del banco y sobre las sinergias que brindaría la operación. De los tres, quizás Bankia es el que mejor complementaría la fortaleza del Popular en el segmento de pymes.

"Lo de Bankia tiene una implicación complicada porque detrás está el Frob", explica Flores sobre la participación del 64% que este organismo público tiene en la entidad nacionalizada. A las otros dos grandes habría que compensarles la compra, quizás con medidas fiscales "porque sería un favor al Gobierno". Descartada la ampliación y considerando la dificultad de la venta, "lo más razonable", dice este experto, sería una intervención.

La venta de títulos se precipitó el miércoles cuando fuentes del Mecanismo Único de Resolución (MUR) dijeron que la presidenta del organismo, Elke König, había emitido un "aviso temprano" sobre la situación del banco. El pánico llegó al mercado. Se rumoreó que el Popular sería la primera entidad que estrenase este mecanismo creado en 2014 para gestionar las crisis de bancos inviables y llevarles a su liquidación sin lastrar a los ciudadanos.

Saracho —tras una matización del propio MUR— se apresuró a escribir una carta en el diario Expansión diciendo que el Popular "sigue siendo solvente y tiene patrimonio positivo". En otras palabras, que no es 'carne de resolución'. Este martes se reunirá con el BCE para debatir la situación de la entidad, conocer la opinión del regulador y pedirle, de momento, que atenúe con liquidez una salida de depósitos que en 2016 fue del 6%.

"Es una situación difícil para el BCE", comenta Javier Flores. El organismo dirigido por Mario Draghi tiene la potestad de otorgar liquidez, pero también es un eslabón en el mecanismo de resolución. "Lo razonable sería la liquidación ordenada, pero por consideraciones políticas y teniendo en cuenta la flexibilidad que han aplicado al rescate de Monte dei Paschi, posiblemente en la UE sean más generosos y menos rigurosos de lo que exige el MUR".

En resumen, según aseguran a este medio fuentes del mercado, probablemente estemos ante una intervención por etapas. Una toma de control que comenzaría en cuestión de semanas para evitar que, con el paso del tiempo, se produjese una fuga de depósitos, de accionistas y un deterioro mayor del balance. "Es una forma de ganar tiempo para ir saneando el balance", comentan las citadas fuentes.

De ahí el proceso de desinversiones de la entidad. Acaba de vender Targobank a Crédit Mutuel por 65 millones y detrás vendrían la filial de tarjetas Wizink y la norteamericana Totalbank. Es decir, se deshacen activos, se gana tiempo, se baja la factura de la intervención y esta, finalmente, se produce.

Los depositantes pueden estar tranquilos. El MUR se diseñó precisamente para que sean los ciudadanos no paguen las quiebras de los bancos, sino los accionistas y acreedores. Una norma que en jerga financiera se conoce como bail-in, o rescate interno. Los depósitos de los clientes estarían garantizados hasta 100.000 euros. Pero no más allá. Por eso Flores recomienda a los depositantes "sacar el exceso" sobre esa cantidad.

"Los accionistas, en cambio, deben asumir que han perdido casi la totalidad de su inversión", explica este analista. El principal accionista actualmente del Popular es la Sogefi (9,9%), seguida por Crédit Mutuel (4%). La gestora de fondos Blackrock, antes segundo accionista, acaba de recortar su participación del 4,1% al 1,8%.

De momento, los inversores ya han perdido el 77% del valor de sus títulos en el último año. Y ahora, tanto si produjese una intervención como una ampliación, volverían a diluirse. Un nuevo golpe para unos accionistas que ya explotaron en críticas en la Junta de febrero por la "nefasta" y "desastrosa" gestión del anterior presidente, Ángel Ron.