Inmigrantes
Inmigrantes subsaharianos en una foto de archivo.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red que realizaba falsas ofertas de trabajo a extranjeros bajo la promesa de obtener un empleo, así como un permiso de trabajo y de residencia. Más de 500 personas de diferentes nacionalidades han sido víctimas de este engaño, 412 de ellas en Madrid.

El cabeza visible de estas sociedades era un abogado madrileño, F.P.M.B, de 55 años, que figuraba en la mayoría de las compañías como único administrador o solidario junto a terceros.

Las actividades delictivas de remontan a 2003, año en que se creó la primera de estas empresas fantasmas con la ayuda de distintos colaboradores.

Por los trámites cobraban de 300 a 3.000 euros y cuando era denegada la solicitud volvían a pedir las mismas cantidades de dinero.
El modus operandi de este grupo era contactar con inmigrantes de diferentes países a través de un bufete de abogados a los que ofertaba la posibilidad de obtener un empleo. Por la realización de estos trámites solicitaban cantidades de dinero que oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros, que incluía la obtención del permiso de residencia temporal y un trabajo por cuenta ajena.

Los responsables del grupo aseguraban disponer de contactos sólidos con diversas empresas que figuraban inscritas a nombre del letrado, así como con los encargados de las propias oficinas de extranjeros donde debían presentar las solicitudes.

Una vez realizados los pagos, en el 95 por ciento de los casos no se obtenían ni los trabajos prometidos ni las autorizaciones de residencia. Estas eran rechazadas en la Subdelegación de Gobierno por no cumplir los requisitos legalmente establecidos, circunstancia que era conocida de antemano por los presuntos autores del fraude.

Los permisos eran denegados

En algún caso, y una vez que el permiso de residencia del trabajador era denegado, y acudía a informarse al despacho del abogado, le ofrecían la posibilidad de presentar de nuevo su solicitud, en base a una oferta de empleo de otra de las empresas del entramado creado. Si aceptaba la propuesta, debía de abonar nuevamente una cantidad similar.

A medida que las empresas levantaban las sospechas de los funcionarios encargados de cumplimentar los trámites, debido a las continuas irregularidades detectadas en las ofertas presentadas, F.P.M.B. constituía otras nuevas, solo o en connivencia con otras personas, a fin de que no pudieran relacionarle con estas actividades.

De este modo, en la última sociedad creada figuraba como administradora única su mujer, la ciudadana bielorrusa I. Y., de 37 años. El domicilio social de la compañía era utilizado de manera simultánea como oficina de una empresa dedicada a la construcción, y como lugar de captación de ciudadanos extranjeros para la regularización de su situación mediante la venta de ofertas de empleo y la solicitud en base a las mismas de permisos de trabajo y residencia.

La Policía Nacional ha practicado un registro en un domicilio de Madrid en el que se ha intervenido numerosa documentación a nombre de ciudadanos extranjeros, ofertas de empleo y solicitudes de permisos de residencia y trabajo por cuenta ajena, recibos de cobro, y otros documentos. También se han requisado tres C.P.U.s de ordenadores personales para su correspondiente volcado informático.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio a raíz de varias denuncias formuladas en la UCRIF (Unidad contra Redes, Inmigración Ilegal y Falsedades documentales) Central y en la Comisaría madrileña del distrito de San Blas, por extranjeros que habían sido estafados, al menos por siete empresas, que tramitaban ofertas de empleo ficticias de empresas ya constituidas para regularizar la situación de trabajadores ilegales extranjeros.