La Policía Nacional ha desarticulado una organización asentada en Torrevieja (Alicante) que favorecía la inmigración ilegal en España, en una operación en la que han sido detenidas 130 personas, entre ellas tres funcionarios del Ayuntamiento de esa localidad.

El entramado estaba integrado principalmente por responsables de varias inmobiliarias de la citada población y comisionistas a su servicio, los cuales facilitaban supuestamente contratos de alquiler falsos a ciudadanos extranjeros para que consiguieran empadronarse en Torrevieja, con el único fin de reagrupar a sus familiares, informa el Cuerpo en un comunicado.

La investigación ha culminado con la detención de 130 personas, entre ellas tres funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja, dieciséis propietarios de agencias inmobiliarias, catorce comisionistas, un gestor y 96 ciudadanos extranjeros, acusados todos ellos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Los tres funcionarios arrestados trabajaban en la Oficina del Censo del Consistorio de Torrevieja y se estima que la red logró de manera fraudulenta la reagrupación familiar de más de 500 personas en España.

La operación comenzó hace dos años, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de personas afincadas en Torrevieja que podrían estar dedicándose a realizar falsos contratos de alquiler a ciudadanos, en su mayoría de origen marroquí y residentes en la Región de Murcia, señala la nota de prensa.

Los agentes identificaron a varios responsables de la red y averiguaron que esos contratos eran utilizados para empadronar a los ciudadanos extranjeros y poder así justificar la disposición de una vivienda para reagrupar a sus familiares.

Los trámites del proceso de reagrupación familiar eran dirigidos a la Oficina de Extranjería de Alicante, donde los solicitantes aportaban contratos falsificados de alquileres de viviendas del municipio de Torrevieja para lograr de manera fraudulenta el empadronamiento. En realidad se trataba de viviendas vacías puestas a la venta en diferentes agencias inmobiliarias de la zona u ocupadas por otros moradores sin parentesco alguno.

En la Administración aportaban como documentos de ocupación falsos contratos de arrendamiento en los que se usurpaba el estado civil de los propietarios, o bien documentos auténticos suscritos por los propios dueños con otros arrendatarios pero que habían sido alterados, en ambos casos, sin conocimiento de los titulares de la propiedad.

La adquisición de los contratos falsificados estaba sometida al pago de 300 euros al mes, dinero que debía abonar el solicitante al facilitador o vendedor, que, en la mayoría de los casos, se trataba de responsables o empleados de inmobiliarias de Torrevieja o comisionistas que intermediaban para que el trámite se llevara a cabo.

Los agentes corroboraron, además, "la evidente participación en los hechos de la Oficina del Censo del Ayuntamiento de Torrevieja, al haber expedido de forma negligente volantes y certificados padronales colectivos sin incluir la totalidad de las inscripciones existentes en las viviendas", indica la nota.

Una información que "fue validada posteriormente por la Oficina de Urbanismo del mismo municipio", lo que permitió "resoluciones favorables de expedientes de reagrupación familiar por parte de la Oficina de Extranjería de Alicante", señala el comunicado. Ello posibilitó la llegada y establecimiento en España de una inmigración ilegal por cauces aparentemente legales, según la Policía Nacional.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra las redes de inmigración y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Alicante.