El sector de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como son Uber y Cabify, puede recibir próximamente "miles" de licencias para operar, que superarán el ratio de autorizaciones establecido frente al taxi, en virtud de pronunciamientos judiciales.

Estas sentencias son consecuencia de los recursos judiciales que promovieron empresas del ramo entre los años 2009 y 2013, periodo en el que estuvo vigente una ley que liberalizaba el sector aprobada por el último Gobierno socialista.

De hecho, a estas resoluciones judiciales se achaca gran parte del crecimiento del negocio de los vehículos con conductor en los últimos años y el origen del conflicto surgido entre este sector y el del taxi. Entre dichos años, los VTC han logrado ya 3.740 licencias por vía judicial, a las que se podrían sumar las de los recursos aún pendientes, que se estiman son "miles".

Por ello, las autorizaciones concedidas a estas empresas superan el ratio de una licencia de VTC por cada treinta que se da al taxi, que estaba fijado antes de la ley de 2009 y que se recuperó en la que el posterior Gobierno del PP aprobó en 2015 para evitar la inseguridad jurídica del texto anterior.

El Ministerio de Fomento, pese a contar con las competencias de regulación del sector del VTC, no cuenta con capacidad para actuar frente a las licencias que se logran por vía judicial a pesar de que superen la cota de uno por treinta.

No obstante, ante el conflicto surgido entre este negocio y el del taxi, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna pretende fomentar la colaboración entre todas las administraciones con competencia en los dos negocios y reforzar las inspecciones para que ambos cumplan la ley.

Con este fin, Fomento ha convocado a una reunión el próximo martes, día 6, a comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y los ayuntamientos de las principales ciudades. Entre las medidas que se barajan para reforzar la inspección figura la de formar a grupos de efectivos de Policía y de Guardia Civil para que colaboren en la detección y paralización de vehículos que incumplan la ley o realicen prácticas irregulares.