El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha recriminado a los grupos de la oposición que hayan pretendido utilizar su comparecencia en las Cortes, donde ha comparecido por la denominada 'trama eólica', para hacer un "totum revolutum" y celebrar contra él y el Partido Popular un "juicio político" o "juicio sumarísimo".

De este modo, Herrera, en la réplica a la oposición en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, ha lamentado sus intervenciones, en especial la del socialista Javier Izquierdo, que ha pedido su dimisión, al considerar que las críticas realizadas no se corresponden con el contenido de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, en la que tan sólo aparece como presunto implicado un exalto cargo de la Junta.

"Aquí se ha hablado de hasta tres consejeros...pero me pueden garantizar que en la querella se nombra a alguno? ¿dónde se habla del PP o de mi condición de presidente de este partido?", ha interpelado el presidente de la Junta a la oposición, a la que, en tono irónico, ha recordado que a los largo de los últimos dieciséis años le ha pedido insistentemente la dimisión tras culparle "hasta de la muerte de Manolete".

Frente a ello, Herrera ha justificado su comparecencia en sede parlamentaria por considerarlo el "momento procesal oportuno", cuando ya existe una querella oficial que está siendo instruida y, sobre todo, por la presunta implicación del que fuera viceconsejero y secretario de la Consejería de Economía, Rafael Delgado.

"Lo que me trae aquí es comparecer con motivo de las informaciones periodísticas y sobre la querella dirigida contra ese exalto cargo, pero no estoy aquí para colaborar en juicio político o juicio sumarísimo alguno", ha insistido el mandatario castellanoleonés.

LA "INACCIÓN" CÓMPLICE DEL PSCYL

Pero Herrera ha ido más allá y ha preguntado al PSCyL por la "inacción" demostrada en todo este periodo si, pese a considerar que la Comunidad era "Sicilia y León", a lo largo de estos casi dieciséis años ninguno de sus portavoces le ha planteado en las Cortes una sola pregunta de control sobre esta materia, lo que, como así ha advertido, podría convertir a los socialistas en "cómplices de una mala práxis".

En su contestación, el presidente ha mantenido que de las más de 2.200 peticiones para promover parques eólicos tan sólo recibió una queja, la de Ibervento, al tiempo que ha sostenido que jamás ha mantenido reunión alguna con personas jurídicas o físicas en dicha materia y que tampoco ha llegado a visitar una instalación de este tipo, sí algunas fábricas muy importantes de palas, motores y carcasas.

Herrera también ha depositado su "confianza" en el que durante la época investigada era consejero de Economía, Tomás Villanueva, cuya comparecencia en 2015 en la Diputación Permanente de las Cortes ha dado por buena, y ha rechazado que los hechos investigados puedan entenderse como generalizados. "Cuando se rompe el eslabón en la administración no puede sostenerse que suponga una cadena de complicidades", ha concluido.

Ante la "confianza" manifestada por Herrera en el exconsejero Villanueva, el presidente del PSOE, Javier Izquierdo, le ha recordado que el tiempo "quita y pone" la razón, por lo que le ha advertido de que ya se verá si "ha valido la pena" esta "confianza".

El aludido, sin embargo, insiste en que si las investigaciones confirmaran actuaciones delictivas de algún exalto responsable de la Junta ello no supone "arrastrar al resto" de funcionarios. "He reconocido que se trata de un caso de corrupción de personas, no de la Administración o institucional", indica Herrera, que ha replicado al portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ya ha pedido disculpas por anticipado a los ciudadanos.

"¡Como usted se trae las intervenciones escritas no se ha dado cuenta de que ya he pedido perdón, no voy a estar todo el rato dándome de zurriagazos!", ha espetado el presidente al líder de la formación morada en Castilla y León.

Sobre las responsabilidades atribuidas a su persona, Herrera ha recordado que la presunta trama fue descubierta a raíz de operaciones económicas rastreadas por el Servicio Territorial de la AEAT en Valladolid y que habían sido detectadas por el departamento dirigido por el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix.

"No le exijan responsabilidades a la autoridad administrativa o política de la Comunidad, cuando tampoco se le puede pedir a la Fiscalía Anticorrupción por no conocer hasta entonces los hechos", ha sentenciado.