La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha entregado este miércoles en la Consejería de Cultura el texto definitivo del acuerdo alcanzado entre ambas partes, tras una larga y ardua negociación, para resolver el conflicto derivado del proyecto de restauración y adaptación de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas bien de interés cultural (BIC), para su uso como espacio cultural.

Joaquín Egea, portavoz de Adepa, ha informado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, que la organización envió el viernes pasado un "borrador" del acuerdo al secretario general de la Consejería de Cultura, Eduardo Tamarit, quien habría respondido al colectivo solicitando la modificación de algunos detalles. El mencionado documento, avanzado por Viva Sevilla, constaría así de 15 puntos merced a la prolongada negociación protagonizada por la asociación conservacionista y la Consejería de Cultura.

"TODO LO PACTADO"

Al respecto, Joaquín Egea ha expuesto que después de abordar el lunes las correcciones solicitadas por Eduardo Tamarit, Adepa ha entregado este miércoles en la Consejería de Cultura el documento final relativo al acuerdo alcanzado entre la asociación y la Consejería, para desbloquear este conflicto. Entregado el documento, según Egea, tan sólo quedaría "que la Consejería fije fecha y hora" para firmar el acuerdo. "Lo que va en el documento es todo lo pactado", ha defendido.

En ese sentido, recordemos que a día de hoy, el proyecto de reforma y adaptación del monumento, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, se encuentra cautelarmente suspendido por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve, en el marco del recurso promovido por Adepa contra la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento para la actuación. Y es que además de recurrir la licencia como tal, Adepa había solicitado la suspensión provisional de la misma, hasta la resolución del litigio.

El diseño original del proyecto plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

AVAL DE LA COMISIÓN

Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo han tachado de "crimen patrimonial". Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.

Además, critican la previsión de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio supone "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico" del monumento.

En ese sentido, el borrador del acuerdo remitido el pasado viernes por Adepa a Tamarit, un documento avanzado por Viva Sevilla, contempla entre otros aspectos la renuncia a las medidas inicialmente previstas para reforzar la cimentación, especialmente a los micropilonos de hormigón, los encepados de hormigón o los taladros en los pilares.

Además, el acuerdo recoge excavaciones arqueológicas en las naves seis y siete del monumento hasta el nivel original del mismo, así como la excavación y recuperación de los vestigios de la antigua muralla almohade, la supresión de la escalera metálica prevista al final de la nave cuatro, la renuncia a habilitar accesos al monumento desde la calle Dos de Mayo, la conservación de la sala de armas y de mandos del edificio del siglo XVIII o la renuncia a usos hosteleros en el cuerpo superior.

Así, Joaquín Egea ha expuesto que una vez firmado el acuerdo y acometidas las modificaciones acordadas en el proyecto, sería necesario que el Ayuntamiento de Sevilla emitiese una nueva licencia de obras.