En realidad se trata de una propuesta doble porque la FEMP plantea dos posibilidades para calcular el Impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, solventando el problema surgido cuando no se produce un beneficio económico en la transacción; es decir, no hay una plusvalía sino una minusvalía.

En esos supuestos, los ayuntamientos apuestan porque el Catastro elabore un índice anual de la evolución del valor del suelo, reflejando de este modo el valor de mercado o que directamente se reste el valor de venta por el de compra y solo se aplique si el resultado es positivo.

La Junta de Gobierno de la FEMP ha elaborado esta propuesta tras analizar los informes técnicos y jurídicos que se habían solicitado a tal fin, ya que hace tiempo que los representantes de los municipios españoles vienen trabajando en este asunto a la vista de las sentencias que se venían produciendo, hasta que finalmente el Tribunal Constitucional emitió el fallo del 17 de mayo.

Las dos posibilidades debatidas hoy van a ser de inmediato trasladadas al Ministerio de Hacienda a fin de que a la mayor celeridad se modifique un tributo que tiene gran peso en las arcas municipales. Así, Cuca Gamarra ha instado al Gobierno Central a resolver este conflicto cuanto antes.

La vicepresidenta de la FEMP ha insistido en la necesidad de disponer pronto de seguridad jurídica para que los ayuntamientos sepan a qué atenerse a la hora de gestionar un impuesto "que, no olvidemos, sigue siendo constitucional. Contra lo que ha fallado el Tribunal es contra el sistema de cálculo en aquellos casos que la liquidación es negativa, al no haberse obtenido un incremento de valor en la compra-venta".

Gamarra se ha referido también a la "sensibilidad que los ayuntamientos, y en concreto el de Logroño, ha demostrado a la hora de cobrar este impuesto en situaciones que no creíamos justas como en los casos de desahucios, promoviendo una reforma que llevó a la exención del impuesto, o en los de herencias cuando se trata de una vivienda habitual, en los que directamente bonificamos un 90 por ciento. Hemos sido sensibles pero, evidentemente, en el margen de la legalidad".