El Tribunal Supremo ha otorgado definitivamente la custodia de su hija a Susana Guerrero, la madre que se negaba a entregar a la menor a su padre, condenado por violencia de género y denunciado por abusos sexuales. El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa del padre al considerar que no ha habido fallos procesales en el caso y al no considerar probado que la Audiencia Provincial de Toledo descuidara el interés de la menor cuando decidió revocar la decisión de un juzgado que le quitaba a la madre la custodia para entregársela al padre.

Susana Guerrero recibía esta semana la sentencia del Supremo con "mucha alegría", sabiéndose vencedora de la batalla final por la custodia. "Estoy muy contenta, porque mi principal motivación siempre ha sido mi hija y mi empeño ha sido no entregársela a un maltratador", ha asegurado en declaraciones a 20minutos.

Sin embargo, esta madre lamenta que el Tribunal Supremo no se haya pronunciado en el fallo sobre el SAP, el síndrome de alienación parental, toda vez que la Audiencia de Toledo basó su decisión de devolverle la custodia en una recriminación a la juez de primera instancia de Talavera de la Reina por fundamentar la retirada de la custodia materna en la concurrencia de un síndrome muy discutido cientificamente en todo el mundo, "que no ha contado con respaldo de organismos tan solventes como la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos".

"Me hubiera gustado que el Tribunal Supremo hubiera marcado jurisprudencia, pero el SAP sigue incrustado en la Justicia", se ha lamentado Susana Guerrero. También le hubiera gustado, dice, que la sentencia hubiera sostenido "con mayor claridad" su tésis de que "un maltratador no es un buen padre".

Susana Guerrero saltó a las noticias cuando una juez de Talavera de la Reina (Toledo) decidió dar la custodia de su hija Nayara, ahora de casi 12 años, a su padre en base al criterio de un perito forense que aseguraba que su madre estaba poniendo a la menor en contra de su progenitor. Guerrero tuvo a Nayara siendo menor de edad y con el hombre que había intentado adoptarla en un centro de menores. Fue denunciado por indicios de abusos sexuales por la Policía, pero ella que era todavía menor de edad lo exculpó. Después, con Nayara ya de dos años, el hombre fue condenado por violencia de género por agredirla físicamente.

Sin embargo, el "calvario judicial" de esta madre está lejos de haberse terminado con la sentencia del Tribunal Supremo, reconoce ella misma. "He ganado la batalla de lo civil, pero ahora él me persigue por la penal, por incumplir el régimen de visitas, y ya me han condenado a un año de prisión. Quiere que me encarcelen para quedarse con la niña, pero es que ahora ella ya no es tan pequeña y no quiere verle. Yo no pienso obligarla a ir con quien ella no quiere estar", asegura.

La madre de Nayara califica de persecución personal todo lo que está viviendo. "Porque cada denuncia, cada recurso implica que yo tenga que invertir dinero que no necesariamente tengo en abogados, procuradores..." y pide que a partir de ahora le dejen vivir libre. "Yo podría denunciarle también a él, que ha estado más de dos años sin pagar la pensión, pero no lo hago porque yo lo que quiero es que nos deje vivir, que nos deje ser libres".

Ni la Audiencia de Toledo, ni el Tribunal Supremo concretan cuáles son los derechos de visitas del progenitor, pero Susana Guerrero insiste en su oposición a forzar a su hija a dichos encuentros. "Estoy respetando su voluntad, pero es que además me niego a que me ocurra a mí lo que ha pasado en Galicia", dice en referencia al asesinato de un padre a su hijo en un régimen de visitas en Oza.