Las tres asociaciones de fiscales han pedido este miércoles en el Congreso que se cambie el sistema de elección del fiscal general del Estado para desvincularlo del Gobierno y que se de más poder al Consejo Fiscal, un órgano que podría encargarse de su nombramiento o al menos controlar su actuación.

Las asociaciones han expuesto ante los grupos parlamentarios los principales problemas que ven al ministerio fiscal y las reformas que se deberían acometer, empezando por la figura del fiscal general, que está, han coincidido las tres, muy politizada.

Concepción Talón, presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), ha expuesto que su sistema de elección y cese "provoca la suspicacia de la ciudadanía" en un momento en que es urgente que la Fiscalía quede "al margen de esa politización" para que no sea "en ningún caso ni correa de transmisión del poder Ejecutivo".

Así, ha propuesto nuevos sistemas de elección del fiscal general en los que no influya el Gobierno, como por ejemplo uno de ternas elegidas entre los 24 fiscales de primera categoría, o bien que el Consejo Fiscal se encargue de hacerlo.

Su cese también es un punto controvertido, ya que, ha recordado Talón, uno de los motivos es el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, una "causa de cese genérica e imprecisa" que viste el "libre albedrío" con "un ropaje mas correcto".

Otro de los puntos en los que dos de las tres asociaciones han coincidido es en la reforma de las funciones del Consejo Fiscal, un órgano de 12 miembros (9 de ellos elegidos por la carrera) que actualmente es solo de asesoramiento, cuando, para los fiscales, debería tener una función más decisoria.

"No puede limitarse -ha defendido Talón- a ser un órgano de asesoramiento y que luego el fiscal general del Estado, sin ningún tipo de contrapeso, pueda hacer lo que quiera".

En cuanto a la reforma penal para que los fiscales lleven la instrucción penal, Talón ha afirmado están preparados pero antes habría que cambiar su estatuto para desvincularlos del Gobierno y que puedan "trabajar con rigor".

Para la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María de las Heras, "el principal escollo" que pone en duda la independencia y la autonomía del ministerio fiscal es precisamente "el poder absoluto que tiene el fiscal general del Estado dentro de la institución".

Por ello, ha apelado a la "voluntad, valentía y responsabilidad política" de los grupos para modificar el estatuto fiscal y regular "el sistema de jerarquía y de transmisión de órdenes" dentro de carrera, al tiempo que ha señalado la necesidad de que toda la plantilla fiscal "participe en el nombramiento" de los fiscales jefe.

Sobre la posibilidad de que los fiscales lleven la investigación, ha afirmado: "La función propiamente constitucional del juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (...). Que los fiscales no llevemos la instrucción no significa que no investiguemos".

Por último, Miguel Pallarés, el portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales (APIF), la más nueva y minoritaria, ha enfatizado la necesidad de desvincular al fiscal general del Gobierno, un problema que ha arrastrado siempre la democracia española.