España se mantiene como el país que más quejas presenta ante el Defensor del Pueblo Europeo

  • Lidera la lista por sexto año consecutivo, por delante de Polonia y Bélgica.
  • En el año 2016 presentó un total de 306 reclamaciones.
  • El 'brexit' también ha sido objeto de numerosas quejas.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
EFE/Fernando Alvarado

España continúa encabezando, por sexto año consecutivo, la lista de países comunitarios que más quejas presentaron al Defensor del Pueblo Europeo, con un total de 308 reclamaciones en 2016, por delante de Polonia (163) y Bélgica (150), segundo y tercero en la clasificación, respectivamente.

La irlandesa Emily O'Reilly, al frente de esa institución, presentó hoy en Bruselas el informe anual del organismo que analiza quejas emitidas por ciudadanos u organizaciones sobre casos de mala administración en la acción de las instituciones comunitarias.

En el informe, repasa el trabajo estratégico llevado a cabo durante 2016 y los casos más destacados en los que el Ombudsman comunitario inició trámites de investigación.

Durante la presentación del informe, O'Reilly atribuyó el elevado número de quejas emitidas desde España a la extensa red de Defensores del Pueblo a nivel regional que existe en el país, lo cual explica que los españoles puedan saber de primera mano cómo esta institución puede ayudarles.

También reconoció que los Estados miembros que han pasado por "tiempos duros" en el ámbito económico tienden a presentar más reclamaciones sobre asuntos sociales.

Esa es precisamente la situación de España desde el año 2011, cuando en el momento más agudo de la crisis económica adelantó a Alemania en número de reclamaciones, pese a tener en torno a 35 millones de habitantes menos.

Fuentes de la institución precisaron a Efe que la mayoría de quejas recibidas por el Defensor desde España, y que en muchos casos se remiten a los Ombudsman nacionales por discrepancias en las competencias, están relacionadas con cuestiones judiciales, la protección al consumidor, la transparencia y el sector bancario, en este orden.

"Durante mi visita a Madrid a finales del año pasado, me impresionó también el número de oenegés involucradas con la temática de los refugiados", señaló en la presentación del informe O'Reilly.

En concreto, tres ONG y varios ciudadanos a título individual, todos ellos procedentes de España, lograron con sus reclamaciones que la defensora pidiera a la Comisión Europea un análisis más profundo sobre el impacto en los derechos humanos de los refugiados del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.

O'Reilly, que ocupó el cargo de Ombudsman de la República de Irlanda entre 2003 y 2013, también apuntó a la salida del Reino Unido del club comunitario como una importante fuente de reclamaciones, particularmente en el ámbito de la transparencia de las negociaciones de los términos del divorcio entre Londres y Bruselas.

Importancia del 'brexit'

"Empezamos a trabajar en esto muy pronto tras el referéndum", declaró la irlandesa, quien incidió además en la importancia de que los ciudadanos "sepan lo que está pasando para poder gestionar su vida y sus problemas".

En una carta enviada a O'Reilly, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, prometió una transparencia "única y sin precedentes" durante las conversaciones.

"Anticipamos un aumento en las reclamaciones relacionadas con el brexit", predijo la defensora. El informe hace también referencia al polémico fichaje por Goldman Sachs de quien fue presidente de la Comisión Europea de 2004 a 2014, José Manuel Durao Barroso.

A raíz de la contratación, O'Reilly pidió endurecer las normas éticas para excomisarios y expresidentes de la Comisión para proteger el interés público y evaluar la posibilidad de que exista un conflicto de intereses entre el cargo público y el empleo privado.

La defensora pidió a la Comisión "que revise el Código de Conducta para que este refleje las normas del Tratado sobre cómo los antiguos comisarios deberían comportarse", a lo cual añadió que "debería haber sanciones por las violaciones" de estas reglas.

En este sentido, la institución presentó además una guía de recomendaciones para funcionarios europeos en la interacción con grupos de presión, en la que aconseja evitar conflictos de intereses y "ser consciente" de quién aporta dinero a cada lobby.

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